En fallo dividido, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó las cautelares decretadas contra los dos imputados por el delito de violación que se investiga en Quellón. Ambos se encontraban en calidad de detenidos en la cárcel de la capital chilota, por lo cual recuperaron su libertad con esta resolución de alzada.

Los sujetos de iniciales J.V.V. (48) y E.E.S. (39) fueron encausados el jueves en el Juzgado de Garantía porteño por su presunta participación en el ultraje contra una mujer de 45 años. En la ocasión, se dictaron como precautorias el arresto domiciliario nocturno, la firma semanal ante la autoridad, el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, el fiscal Rodrigo Valladares apeló verbalmente para que se imponga la prisión preventiva.

Los ministros establecieron que se dan los presupuestos de primera instancia en cuanto a la falta de evidencia probatoria para configurar el delito en esta etapa de la indagatoria, ante lo cual desestimaron la cautelar más gravosa.

No obstante, como indicó el persecutor, "existió un voto que acogió nuestra tesis, relativa a la existencia de antecedentes sobre el delito y la eventual participación de los imputados, requisitos que estimamos suficientes para decretar la prisión preventiva". Una postura que no se acogió, por lo menos, en esta fase investigativa.

Diligencias

Bajo este escenario, los sujetos salieron de la unidad penal de Castro y están a la espera de comparecer para las próximas diligencias formalizadas de esta causa.

"Existen diversas pericias en curso, tanto con la evidencia que se recogió desde la casa donde se habría registrado el ilícito como con las prendas de vestir incautadas", apuntó el fiscal, sumando que "también se deben desarrollar los informes siquiátricos, sicológicos y sexológicos".

Pedro Bárcena González

Alegó su inocencia con insistencia. En la cárcel no se cansó de escribir cartas para contar su verdad, hasta protagonizó una huelga de hambre que se extendió por 15 días. Sin embargo, sus dichos que se repitieron hasta en estrado no fueron escuchados y el joven fue condenado por un atraco en Chonchi que asegura no cometió.

La fuerza probatoria aportada por tres testigos presenciales de los hechos desvirtuaron la postura del acusado identificado con las iniciales A.A.S.V. (27), a quien en definitiva se le acreditó su responsabilidad en el delito de robo en lugar destinado a la habitación, en grado de desarrollo de tentado.

La sala presidida por la magistrado Angélica Monsalve estableció que el sujeto ingresó a un domicilio emplazado en calle O'Higgins con la intención de sustraer especies, siendo divisado por el hijo de la víctima. Una tesis que postuló el Ministerio Público, que solicitó pena de crimen para el isleño.

Ejecución

De acuerdo a la fiscal Karen Rosas, desde el primer momento "se indicó que el robo estaba en un grado imperfecto de ejecución. No obstante, la pretensión de pena no bajó, ya que por norma se sanciona como un delito consumado". Por ello, la abogada solicitó 5 años y un día de reclusión efectiva.

En su acusación, la profesional especificó que el isleño ingresó al perímetro del domicilio, intentó forzar una puerta y terminó fracturando un ventanal para entrar por escalamiento al inmueble con el objeto de apoderarse de especies. En ese instante, fue sorprendido por el familiar de la dueña de casa y se dio a la fuga, siendo capturado por Carabineros a pocas cuadras del sitio del suceso.

La intervención del familiar como los policías fueron claves para configurar el ilícito registrado el 15 de septiembre del año pasado. "Ellos permitieron acreditar la participación culpable del imputado", acotó la persecutora, quien espera que se acoja la sanción que invocó sin el otorgamiento de beneficio alguno.

En tanto, el defensor Juan Manuel Castro buscó inicialmente la absolución de su representado, apuntando a una prueba "inocua" para formular los cargos.

"No se puede acreditar el delito de robo, tampoco establecer la participación del joven ni determinar los elementos objetivos sobre la intención de sustraer especies", aseveró el abogado, añadiendo que "no se puede configurar el dolo y el ánimo de lucro".

Pese a los argumentos vertidos en el juicio por la defensa, los sentenciadores desestimaron esta teoría y tampoco consideraron la hipótesis de daños que formuló de forma subsidiaria el defensor.

Bajo este escenario, Castro solicitó 541 días de presidio, una pena que se determinará en una audiencia programada para este martes 12 en la sala del sector alto de la capital chilota.