Sin duda que gratuidad de la educación superior encierra una intención noble: brindar formación profesional a los jóvenes del país que de otra manera no podrían acceder a ella, lo que genera un efecto de movilidad social importante.

Pero es necesario advertir y reconocer que una educación de calidad constituye una inversión costosa. Requiere de profesores y recursos excelentes que sustenten la investigación, bibliotecas, bases de datos, laboratorios, materiales de trabajo, etcétera, para tener un efectivo impacto social. Elementos que las universidades en forma continua necesitan renovar.

El problema se presenta cuando los fondos que el Gobierno comprometió para cumplir con la gratuidad no son suficientes, algo que sin duda afectará la calidad. Principalmente, en aquellas carreras que son socialmente sensibles a la sociedad, como lo son medicina, ingeniería, entre muchas otras. No brindar buena formación a los profesionales de la salud -y no solo a ellos- puede tener un alto riesgo social, cuyo costo puede ser el desarrollo de los chilenos.

Es imperante analizar mejor la complejidad propia de las instituciones de educación terciaria y los mecanismos de asignación de recursos para implementar esta nueva política de financiamiento. Ya que cada carrera tiene costos distintos y estos varían de una universidad a otra. Para hablar de una gratuidad real la asignación tendría que estar dada por un acuerdo entre el Gobierno y las universidades. Esto sería lo más justo: respetar los aranceles que cada universidad ha asignado a su carrera conforme el prestigio que aquellas han alcanzado.