A pesar del complejo escenario económico de Chile, se puede visualizar algunos proyectos que se levantan en las grandes urbes. Muchas veces a ojos de los ciudadanos surge la inquietud, muchas veces fomentadas por un periodismo sensacionalista, que estas manifestaciones aparecen de forma espontánea, sin restricción alguna producto de un mercado que arrasa con todo, lo cual está lejos de acomodarse a la realidad. Para situar las cosas en su dimensión real, procederé a señalar tan solamente una parte del sinnúmero de trámites y burocracia que hay detrás de estos proyectos.

Para poder construir en los cascos urbanos, la infinidad de restricciones que imponen tanto el estado como las municipalidades hacen que muchos profesionales terminen acostumbrándose de esperar largos procesos de revisión, que en muchos casos es solo una firma de un burócrata. Por ejemplo, si desea construir debe tener su permisos municipales para construcción, para instalación de faenas, obras masivas de excavación, permiso para utilización de grúa -en caso de construcciones de mayor envergadura- y como si fuera poco a veces se hace necesario ingresar proyectos de espacio público para mitigar eventuales impactos en la urbe, estos "pequeños proyectos" pasan por los departamentos de aseo, iluminación, tránsito, entre otros.

Lo anteriormente mencionado es solo una parte de la infinidad de trámites que el Estado exige a los privados para levantar sus proyectos, cada día más restrictivos, y por lo demás siempre supervigilados por este ente regulador: personas en un escritorio que pueden llegar a dilatar filosofando los proyectos una eternidad. ¿Profesionalización, modernización, digitalización e incorporación de herramientas para hacer más expedito el proceso? Aún nada en el debate público.