Desde hace tiempo los caminos de Chiloé vienen tiñéndose de sangre a raíz de graves accidentes de tránsito. La ingesta de alcohol y el exceso de velocidad están entre sus causas.

El 2014 hubo en Chile 1.181 accidentes por "velocidad imprudente", el 63% de ellos por conducir a "velocidad no razonable ni prudente" y 43% a una "velocidad no reducida en cruce de calles, cumbre, curva, etcétera", causando 92 muertes, 224 lesionados graves, 122 menos graves y 1.094 leves.

Un estudio de Conaset mostró que la mitad de los conductores excede la velocidad entre ciudades y 4 de cada 10 en las urbes. El "récord" interurbano es la Ruta 68, con 238 km/h. En zona urbana es la Av. Bonilla de Concepción, con 192 km/h. No hemos podido cumplir el compromiso de reducir la mortalidad por accidentes de tránsito en 20% a 2014 y un 50% a 2020. Se han hecho campañas, adoptado medidas y aprobado normas, como la Ley Emilia, que ha ayudado a disminuir las muertes por conducción bajo influencia del alcohol.

Pero no es suficiente. El 2013 se vendieron 378.240 vehículos, llegándose a mil automóviles nuevos vendidos diariamente. El mayor acceso al auto propio y nuevas exigencias para obtener licencia de conducir no ha ido de la mano de la responsabilidad de los conductores.

Por eso, en junio de 2015 presenté con otros diputados un proyecto para agravar las penas cuando se ocasionen daños, lesiones graves y muerte por exceso de velocidad. Hoy esos hechos son considerados solo cuasidelito de homicidio y los autores no pagan con cárcel.

El desarrollo no debe medirse solo por ingreso per cápita, acceso a bienes o calidad de carreteras, sino también por el nivel de cultura que tengamos y por la seguridad propia y de los demás. Si no, seguiremos lamentando que la muerte siempre venga a exceso de velocidad.