Sin ser majadero, el Gobierno poco ha aprendido de manejo de crisis y de sintonizar con las necesidades reales de las personas.

En febrero nuestra región comenzó a demostrar los primeros síntomas de una crisis en su principal actividad, la acuicultura. Luego de recurrir a distintas instancias en las cuales las autoridades le bajaron el perfil a la muerte de millones de salmones, a los despidos masivos y a la presencia de marea roja, finalmente debieron re - accionar e implementar un plan de contingencia enfocado en medidas sanitarias. Pero éste sólo protegía a los consumidores y ¿quién velaba por los pescadores artesanales, sus familias y todos aquellos trabajadores que realizan actividades asociadas a la pesca?

Por eso de las rogativas pasamos a marchas pacíficas en las calles que auguraban radicalizarse si el Gobierno no decretaba zona de catástrofe a Los Lagos. A pocas horas de cumplirse el plazo impuesto por los pescadores, la presidenta Bachelet hizo el anuncio, pero con poca rigurosidad nuevamente. Frases como "vamos a destinar todos los recursos que sean necesarios" seguida de una medida concreta como la entrega de 500 tarjetas para familias de Cucao en Chonchi y Mar Brava en Ancud, más que ser un aliciente dada la magnitud real de afectados que están en alerta, es si serán todos considerados.

El intendente lo dijo, en la actividad pesquera hay mucha informalidad y si bien aplaudo la decisión del Gobierno de hacerse cargo de ésta, exijo la máxima celeridad para levantar el catastro e ir en apoyo de los afectados con una inyección de recursos efectiva, 30 a 40 millones de dólares deben ser traspasados y una opción es la ley reservada del cobre, para que la ayuda no sea una raya en el agua.

Seguiré fiscalizando para que se cumpla este proceso y también aportando para que entiendan que el secretismo y la exclusión política no son el camino; se requiere de un nuevo impulso.