Pedro Bárcena González

Uno de los momentos más complejos de sus 34 años de vida está viviendo la empresa castreña Latinoamerciana de Comercio Limitada, que está siendo acusada de una serie de ilícitos derivados de sus servicios financieros. Cargos por usura, estafa y hasta asociación ilícita se les asocia a los regentes de esta firma, quienes niegan estos hechos y hasta anuncian una contraofensiva legal.

Con el patrocinio del abogado Sergio Coronado, parte de la defensoría ciudadana del municipio de Puerto Montt, cuatro familias interpusieron el mes recién pasado una querella en el Juzgado de Garantía de la capital regional, con el objeto de paralizar estas acciones y poder recobrar sus viviendas que denuncian se les fueron rematadas ante operaciones que califican como ilegales.

La cuestionada forma de operar de la empresa según los querellantes se enfoca en la entrega de préstamos con garantía hipotecaria, con intereses excesivos, que presentan cláusulas no informadas que ante el menor retraso de pago de cuotas impulsan la transferencia de mandato a una sociedad para que administre todos los bienes de las personas.

Ante estas acusaciones y las arremetidas mediáticas que se han realizado en el último tiempo, en las cuales se ha llegado a calificar esta firma como la "nueva Eurolatina (financiera informal de los hermanos castreños Pedro y Marcos Elgueta, quienes fueron condenados por los delitos reiterados de estafa y usura contra unos 300 clientes)", el gerente Alberto Velásquez Triviño salió al paso.

El popularmente conocido como "León de oro", negó todas estas denuncias, las cuales incluso las asoció a un verdadero montaje político.

"En todo este tiempo no habíamos tenido la publicidad que se ha difundido actualmente. Para nuestra opinión son denuncias absolutamente falsas, tendenciosas y carentes de todo fundamento legal contra nuestra empresa", apuntó el isleño.

Enfatizó el ejecutivo que "estas denuncias que están en tribunales provienen de tres clientes que incumplieron sus obligaciones crediticias y en consecuencia, las garantías que respaldaban estos créditos se hicieron efectivas conforme a la ley, en su acta pública, con diferentes postores en los tribunales civiles hace varios años atrás y con pleno conocimiento de estos deudores".

En su oficina de la casa matriz de esta empresa, emplazada en plena esquina de las calles Sargento Aldea y O'Higgins, en el centro de la capital chilota, el titular de Latinoamericana de Comercio insistió en rebatir estos dichos, remarcando que los remates de las casas de las denunciantes fueron reales con participación de postores y situaciones ya definidas por los tribunales.

"Para nosotros es un espectáculo político-jurídico, puesto que interviene la municipalidad (Puerto Montt), el alcalde Gervoy Paredes que está en plena campaña y le conviene un show político, donde nos ha descalificado y ha mentido", apuntó.

Dentro de esta dinámica, Velásquez indicó que se ha vinculado al ex intendente Nofal Abud, anterior abogado de la empresa. "Aparece la pugna política al querer ir de alcalde, con el actual jefe comunal de Puerto Montt y nosotros estamos entre medio, somos el jamón del sandwich", describió.

Intereses

Con respecto a los excesivos intereses, el gerente manifestó que se cobra la tasa máxima convencional vigente. Y considerando el tramo de la operación, la cantidad de dinero solicitada y el tiempo en que se pide (más o menos de 90 días), se generan los intereses, negando que lleguen a un 10 por ciento mensual como se le acusa.

"Nos guiamos por lo que regula la Superintendencia de Bancos, pero siempre por la tasa máxima porque somos una empresa muy pequeña, no nos da para trabajar con el interés corriente, no nos financiamos por los gastos operativos", aclaró, explicando que entregan créditos de hasta 5 millones de pesos, cuya tasa es de 2,5%, mientras que para los montos de 50 UF, la carga de intereses llega al 3,8%.

Asimismo, calificó como falsa la cláusula de remate que acusan los querellantes. "No es efectivo que en el atraso de una cuota se llegaba al remate. Si uno revisa a estos clientes en sus juicios civiles, estos se iniciaron con 7 a 10 cuotas de retraso. Incluso, ofrecimos las facilidades para negociar", acotó.

En cuanto a la empresa Seguridad y Finanzas, que se le acusa de administrar los bienes de los clientes ante el menor atraso, el ejecutivo señaló que esta constituye una sociedad "de confianza de Latinoamericana y representa al deudor para notificarlo en el caso en que no se encuentra, es una empresa aparte que representa a ambas parte y está en la escritura de hipoteca y mandato, que está en pleno conocimiento de los clientes".

Con todos estos antecedentes que han surgido, sumando la causa por usura que enfrenta Velásquez y de la cual también se defiende rechazando todo tipo de responsabilidad y existencia del delito, la empresa que comanda está preparando una ofensiva procesal. Se trata de una querella por usura contra quien era la agente de la oficina de Latinoamerciana de Comercio en Puerto Montt, Silvia Ojeda, quien trabajó desde junio del 2004 hasta el 7 de mayo del 2014. "Ella era la persona que emitía los pagaré en esa oficina, tenía la responsabilidad en su calidad de agente y tenía caja propia y manejaba sus propios clientes, por lo cual debe responder en esta oportunidad", aseveró.

Impacto

Este recurso sería una de las iniciativas que tomaría esta financiera que espera limpiar su nombre del impacto que han generado estas acusaciones. El golpe lo ha sentido el "León de oro", quien insiste en señalar que "nadie ha pagado sobre la tasa máxima convencional, por lo tanto no existe el delito de usura que se presenta por los medios. Todo esto lo resuelve los tribunales y ahí vamos a recurrir con todos los datos para dar cuenta que a personas en que nos adjudicamos algunas propiedades en remate no solo tenían deudas con nosotros y sino otras millonarias con otras empresas y a todas les quedaron debiendo".

"Son denuncias falsas, tendenciosas y carentes de todo fundamento legal contra nuestra empresa".

Alberto Velásquez,, gerente

"Nos guiamos por lo que regula la Superintendencia, pero siempre por la tasa máxima porque somos una empresa pequeña".

Alberto Velásquez,, gerente