Luis Contreras Villarroel

Un nuevo revés judicial sufrió en días pasados la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor de Castro luego de ser condenada a la cancelación de 20 millones de pesos por parte del Juzgado de Letras y del Trabajo de la capital provincial.

La sentencia responde a un fallo en primera instancia que se remonta al 12 de mayo, una vez que el tribunal letrado se inclinó a favor de una demanda indemnizatoria presentada por el docente Alejandro Guajardo, del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas.

El curso de la acción legal se sustenta a partir de una serie de sucesos que se remontan a agosto de 2014, cuando el denunciante acusa haber sido víctima de una agresión verbal por parte de otro pedagogo en el contexto de una reunión de camaradería.

Según estableció el juzgado, el maestro fue blanco de otros ataques verbales e incluso físicos, correspondiendo a una situación que fue ingresada a la Fiscalía Local de Castro e informada al sostenedor del centro de enseñanza media.

Para el abogado demandante Julio Álvarez, el fallo judicial marca una evidente diferencia en comparación con otras acciones legales, ya que el caso involucra a otro trabajador. "Por primera vez reconoce en este nivel la existencia de lo que se denomina acoso moral horizontal, es decir, se configura cuando un trabajador -en este caso un profesor- es violentado en sus derechos y garantías constitucionales por otro colega, por alguien de su mismo nivel jerárquico", consignó.

Álvarez añadió que en virtud de esta situación es que se procedió a demandar a la corporación castreña, "puesto que habiendo sido denunciado (el agresor) consecutivamente por la víctima, la corporación nunca hizo nada en contra del otro docente maltratador".

La forma en que el sostenedor de las escuelas y liceos municipalizados perdió este caso no fue bien recibida por algunos de los integrantes del Concejo Municipal de Castro.

Concejales

Tales observaciones surgen a partir de la existencia de otras acusaciones que igualmente la entidad ha perdido en instancias judiciales. El concejal Marco Olivares (independiente de la Nueva Mayoría) empatizó con la situación que involucró al profesor indicando que "nos vamos a interiorizar del caso y lo importante de todo esto, si han sido vulnerados los derechos del docente, la corporación tendrá que cumplir los fallos que dictan los tribunales".

Su par Juan Eduardo Vera (UDI) reprobó la manera en que una nueva causa judicial fue perdida por parte de un organismo consistorial mencionando que "de una vez por todas debemos terminar con el despilfarro de nuestro municipio de Castro a través de la corporación municipal, ya estamos cansados de pagar juicios en tribunales con la plata que debiera ir a profesores, trabajadores y nuestros alumnos más vulnerables de la comuna".

A su vez, Julio Muñoz, concejal de la Democracia Cristiana evaluó que "si el tema está judicializado, poco y nada tiene que hacer el concejo municipal, por lo que podemos bregar es que los corporaciones tengan una situación digna en su trabajo y en un buen ambiente".