Los días de movilizaciones en Chiloé dejan interrogantes que como Estado y sociedad debemos responder responsablemente. El término de los bloqueos no puso fin a la mayor crisis acuícola de nuestra historia, todo lo contrario, en estos días recién se visibiliza el impacto de ésta y sin duda la cesantía es la más dolorosa al poner en riesgo el bienestar de miles de familias, las que ya hablan de nuevas manifestaciones si las autoridades no reaccionan con un plan para la reactivación económica. En lo inmediato se requiere que el Gobierno demuestre su capacidad de gestión en el pago de los bonos comprometidos a los afectados por la marea roja. Lamentablemente luego de 18 y 15 días de firmados los acuerdos con localidades pequeñas como Cucao y Mar Brava respectivamente, el Ejecutivo a través del ministro coordinador convocó a mesas de trabajos sin siquiera tener definidas las condiciones. Eso si lo proyectamos a los miles de pescadores de otras localidades y comunas, la situación es preocupante.

Entre la angustia de todos los actores involucrados en la cadena productiva, surgieron propuestas en la búsqueda de una salida para su gente. La idea de declarar zona franca a Chiloé es la que más apoyo genera y es que su débil conectividad acentúa más su aislamiento geográfico. Si bien la provincia nunca lo ha sido, en 1962 a través de la Ley N° 14.824 se establecieron beneficios como tal, los que fueron derogaros en 1975. Hoy el alto índice de cesantía e incertidumbre entorno a la actividad pesquera, exigen que Chiloé se transforme en un polo de desarrollo para su propia gente, fortaleciendo sus empresas locales y emprendimientos, que respondan a las características propias de las islas, que a su vez son su principal atractivo y activo.

La administración y gestión adecuada de los ingresos por conceptos de zona franca, permitiría a Chiloé avanzar en satisfacer necesidades básica postergadas por años, sería darle calidad de vida a nuestra gente y embellecer una postal que tan reconocido ha hecho a Chile.