Pedro Bárcena González

Agobiados por la desinformación y por lo que califican una extrema severidad del sistema penal se encuentran unas familias de Quellón que tienen a seres queridos privados de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Castro. No entienden la falta de oportunidades para optar a otras cautelares y alegan que sus causas han sido "mal llevadas" cayendo en este abismo. Un duro escenario que se vislumbra tanto en los albores de las indagatorias de sus causas, como en las etapas finales de las mismas.

Casi unidos por el mismo sentimiento de "injusticia", como señalan, estos humildes trabajadores buscan la forma de ayudar a sus parientes. Sin embargo, el panorama procesal es desalentador, más si en tribunales de alzada han recibido el mismo zarpazo: los barrotes como sanción.

Esfuerzo

Muy complicado se ha visto el matrimonio compuesto por Juan Carlos León e Ivonne Almonacid, quienes reúnen cada peso para visitar lo más seguido posible a su hijo en la cárcel castreña. Viajan desde Los Muermos para estar con el joven de 30 años, formalizado por violación contra su ex conviviente -también por lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar-, quien permanece en la unidad penal desde comienzos de julio del 2015.

Como enfatiza el papá del imputado debieron buscar un abogado particular para agilizar la defensa, en especial, por las pruebas que aseguran tener. "Toda la evidencia la tiene a favor mi hijo, quien ha recibido acusaciones falsas", aclara, sumando que "no se ha citado a testigos clave, como un taxista y una pareja de colombianos que compartió con ellos... nunca hubo agresiones ni menos violación".

Más punzante, León expresa que "tienen a un hombre detenido de gusto, que es inocente", quejándose de mantenerse en pie una serie de imputaciones sin sustento.

Un malestar similar en cuanto al proceso indagatorio exhibe Marcela Pérez, esposa del conductor que recientemente fue reformalizado por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte -se suman otros cargos de conducción etílica causando lesiones y denegación de auxilio-, tras un accidente registrado en febrero de este año en el sector de Coinco, en el sur de la Isla.

Como recalca la joven, "esperamos que se haga justicia en este caso", reconociendo que el isleño de iniciales J.M.P.A. (36) "ese día se tomó sus tragos, pero es muy diferente acusarlo de provocar el accidente. Hay muchas cosas que se están tapando".

Se queja que el auto de su marido es el único incautado, pese a ser tres máquinas las que protagonizaron la colisión múltiple que le costó la vida a Aldo Vera Valenzuela (53). "El único que paga es mi esposo, hay otras personas involucradas, también tenemos testigos que no han ido a declarar, necesito más claridad en esta causa", indica.

Igual que en el otro caso, hubo un cambio a defensa particular y tampoco entienden las razones para no tener acceso a la investigación. "He pedido en reiteradas ocasiones la carpeta investigativa y se me ha negado. No me entregan razones", apunta Pérez, añadiendo que han solicitado cambios de precautoria sin éxito.

Igual de complicada se observa a Lorena Agüero, quien tiene a su hermano privado de libertad por un caso de violación y abuso infantil que se encausó en abril del 2015 en Quellón. Un delito que será analizado a partir del lunes en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro.

"No tienen pruebas", resalta de entrada la mujer, quien detalla presuntas irregularidades en las diferentes etapas de la causa, incluso en sus albores procesales. "Llegaron a dejarle una citación a la casa y fue la audiencia donde lo formalizaron y lo dejaron preso sin evidencia", comenta, agregando que tanto familiares como testigos del acusado han recibido amenazas.

Asimismo, los reclamos se enfocan en que solo esperan que la prisión sea el futuro para este joven.

"Lo único que quieren es dejarlo adentro, aunque sea solo por abuso", reclama la familiar, señalando que también cambiaron al defensor público Rodrigo Vargas por el abogado particular Tomás Brito, en espera de mejores resultados.

"No se ha podido cambiar la cautelar, hemos pedido el arresto total en Castro y se niegan, pese a la prueba que tenemos. Incluso, una sicóloga dice que la niña ha sido manipulada por terceros", confiesa Agüero.

Sentencia

En el caso más reciente, parientes del joven que está preso por participar del accidente que causó la muerte de Jennifer Rodríguez Jiménez (28), el 18 de mayo pasado en la ruta que conecta Chaiguao con Quellón, también reclaman por incongruencia en los antecedentes que han emanado en las primeras pesquisas.

Como sostiene Jeanette Vargas, esposa de J.J.B.O. (35), uno de los imputados por manejo en estado de ebriedad causando muerte y por no prestar ayuda a la víctima y denunciar el hecho, estas últimas incriminaciones no serían correctas.

"Se detuvo unos metros más allá para ver el estado en que permanecía la chica, quien viajaba sin su cinturón de seguridad y se golpeó la cabeza con el impacto", asevera la isleña, apuntando que "se descontroló el auto por el impacto que recibió el vehículo de mi marido en la parte trasera, cuando lo querían adelantar, porque acá tampoco hubo una carrera clandestina como señalan".

Ya sin instancias procesales para buscar un cambio a la drástica sanción que recibió su hijo, sentenciado a dos penas de 5 años y un día por sendos robos con violencia e intimidación -condena ratificada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt-, Rosa Oyarzo fue la más crítica contra el sistema.

Es más, la chilota no se inmuta a decir que "la justicia en este país es una mierda", enfatizando que "habían antecedentes para que mi hijo tenga una pena menor, ¿qué hizo mi hijo?, no habían pruebas para confirmar el delito, los carabineros mintieron, unos dijeron una cosa, otros cambiaron su declaración. Hubo muchas falencias en el juicio".

En tanto, su esposo, René Díaz, detalla que en la audiencia habrían quedado establecidas las contradicciones de los policías. "Las víctimas no lo reconocen, en el juicio oral ganamos pero igual se condenó", aclara el trabajador, coincidiendo con las otras familias sobre la falta de acercamiento legal para enfrentar las causas y tildando al sistema como ineficiente.

Preocupación

Por su parte, el defensor jefe de Castro, Claudio Herrera, quien tiene conocimiento de estos casos y que participó en el juicio contra el joven condenado por los dos asaltos, acota que existe preocupación por los imputados quelloninos y por las cautelares que han recibido.

"Estamos pendientes del tema de Quellón, particularmente de los mínimos antecedentes con los cuales se está solicitando y decretando la prisión preventiva, asilándose en el hecho que se formaliza por un delito grave o por el número de delitos que se imputa, aspectos que solo decide el fiscal y que al momento de la discusión en torno a la cautelar se desestiman los argumentos de la defensa, en base que aquellos deben ser conocidos por un tribunal en el juicio respectivo", especifica.

Otro punto en discusión, según el profesional, son las largas indagaciones de los casos. "Resulta paradójico que las causas de Quellón registren tiempos de investigación muy extensos en comparación por hechos similares en Castro y Ancud", expresa.

La fuente señala que "nos parece que la dilación en procesos investigativos con imputados en prisión preventiva u otras cautelares gravosas son aspectos sensibles que deben ser revisados", aclarando que existe una errónea interpretación al momento de resolver la prisión preventiva.

En tanto, el fiscal jefe de Quellón, Rodrigo Valladares, expone que estos casos han llegado a estos escenarios considerando su complejidad, la gravosidad de los delitos y la pena asociada.

"En un aspecto normativo, en este tipo de casos se produce esto, lo normal es que una persona esté en prisión preventiva mientras dure la investigación y no es efectivo que no se tomen en cuenta, puesto que están todas las garantías para los imputados para producir prueba y controvertir evidencia", indica.

El persecutor asegura que todas las diligencias indagativas se acogen. Es más, enfatiza que "de todos los años que estado como fiscal he desechado unas diez diligencias en los seis años que he estado en Quellón, donde los ingresos anuales son superiores a las 2 mil 500 causas".

Valladares dice que entiende a las familias por la desesperación de tener a alguien preso, pero arguye que se debe asumir la responsabilidad de una eventual participación en delitos gravosos.

"Acá hay análisis normativo, un estudio jurídico, nada está hecho a circunstancias personales o subjetivas de ninguno de los intervinientes y se ha resulto incluso a nivel de recurso en la Corte de Apelaciones", finaliza el abogado.

"Toda la evidencia la tiene a favor mi hijo, quien ha recibido acusaciones falsas".

Juan Carlos León,, papá de imputado por violación.

"Existe una errónea interpretación de lo que son las medidas cautelares en el proceso penal".

Claudio Herrera,, defensor penal.