El senador Guido Girardi, junto a los alcaldes de Lo Prado, Gonzalo Navarrete; de Melipilla, Mario Gebauer, y Juan Carrasco, de Quilicura, anunciaron que propondrán en sus concejos aprobar una ordenanza que prohíba la venta de comida chatarra en un perímetro de 100 metros de la salida de los colegios.

Esta medida pretende complementar la Ley 20.606 que entra en vigencia el 26 de junio próximo y que obliga a rotular con un disco pare negro los alimentos envasados altos en azúcar, sal, calorías o grasas, y que prohíbe la publicidad en televisión en horario infantil y su venta al interior de los colegios.

Girardi agradeció "el interés de este grupo de alcaldes de colaborar en la lucha contra la obesidad infantil" y recordó las negativas cifras de sobrepeso y obesidad en Chile, donde "un 50% de los niños de 6 años tienen este problema".

El congresista anunció que durante la próxima semana presentará una "iniciativa para darle sustento a la ordenanza y establecer por ley la responsabilidad de todos los municipios del país de llevarla adelante".

El parlamentario agregó que repondrá "la indicación vetada por el gobierno de Piñera que obligaba a realizar actividad física en los colegios tres veces a la semana dos horas cada vez".

Asimismo, Girardi dijo que propondrá replicar una experiencia de Escocia y "establecer por ley que los niños vayan a clases con buzo y todos los días, antes de entrar a clases, hagan 15 minutos de trote".

El alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, señaló que esta semana presentará la ordenanza a su concejo para que la revise y reveló que "creamos un fondo de reconversión a productos saludables para los comerciantes que se instalan a la salida de las escuelas y que también son vecinos nuestros".

El político recordó que "el último Simce de Educación Física de 4tos básicos mostró que el 40% de los testeados tiene problemas de obesidad, especialmente en los establecimientos municipales" y agregó que "la Ley 20.606 es un importante cambio en cultura legislativa, pero hay que pasar a la acción y un papel relevante tienen los municipios que administramos una red gigantesca de colegios".

Por su parte, Gonzalo Navarrete, director de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), afirmó que es en los colegios dónde se debe concentrar los esfuerzos para contener la obesidad. "Se debe establecer la obligatoriedad de que en el primer ciclo básico la educación física la realice un profesor de ese ramo y no cualquier docente. La intencionalidad de los nuevos recursos de Educación para temas de calidad permiten financiar las seis horas de actividad física semanales establecidas por la OMS", enfatizó Navarrete.

En tanto, el alcalde de Quilicura, Juan Carrasco, señaló que "es fundamental contar con el apoyo de la unanimidad del concejo porque no basta con prohibir y hay que ver la reubicación o reconversión del comercio ambulante y también el instalado que esté a menos de 100 metros".

26 de este mes entra en vigor la Ley 20.606, que obliga a rotular con disco pare negro a los alimentos ricos en azúcar, sal, calorías y grasa.

El próximo viernes 10 de junio a las 8.30 horas, el Juzgado de Garantía de Puerto Varas revisará la prisión preventiva que desde hace seis meses cumplen los dos imputados por el crimen de la contadora Viviana Haeger, ocurrido en junio de 2010.

Se trata del viudo de la mujer, Jaime Anguita, y el carpintero José Pérez Mancilla, a quienes la Fiscalía les atribuyó participación en los delitos de parricidio y homicidio calificado, respectivamente.

La resolución del tribunal fue dictada con fecha 26 de mayo, atendido al tiempo transcurrido desde que se ordenó la medida cautelar más gravosa, y a lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal Penal respecto a que tras seis meses desde que se ordenó la prisión se debe revisar si se considera su cesación o prolongación.

Para ello, de acuerdo a la legislación, el propio tribunal debe citar de oficio a una audiencia, la que fue programada para la semana por comenzar.

Anguita y Pérez fueron formalizados en diciembre del año pasado luego que este último confesara que habría sido contratado como sicario por el ingeniero.

De acuerdo a su declaración, la entonces pareja de la contadora le ofreció $5 millones para concretar el crimen y no dejar evidencias del presunto autor.

Anguita, por su parte, decidió guardar silencio acogiéndose a su derecho como imputado.

Ambos permanecen recluidos en el Complejo Penitenciario de Alto Bonito, donde el ingeniero es fuertemente custodiado.