La crisis ambiental, económica y social que trajo consigo el bloom de algas y la posterior marea roja, sirvió para que organizaciones chilotas buscaran alternativas para reimpulsar la economía, la misma que pese a su potencial, demostró su fragilidad frente a estos fenómenos naturales. En este adverso escenario se reactivó en la memoria de la gente, la época en que la provincia de Chiloé gozaba de todos los beneficios de zona franca sin serlo y es que entre 1962 y 1975 la ley Nº 14.824 la declaró zona franca por extensión.

Esta idea que cuenta con apoyo transversal, principalmente en el comercio detallista, se ve con muy buenos ojos porque los beneficios tributarios son un incentivo eficaz para la inversión. Nuestra pequeña economía podría dar un salto cuantitativo y cualitativo en la importación de materias primas, fabricación y comercialización de productos, los cuales si pensamos en grande, podrían traspasar la frontera nacional. Siendo zona franca podríamos potenciar aún más la belleza geográfica que ha hecho reconocido a Chiloé en el mundo entero, al fomentar servicios como el turismo. También la acuicultura, la misma actividad que ha sido azotada en los últimos meses, tendría un reimpulso al contar con clusters, una modalidad de zona franca, que genera sinergia entre la complementación de las empresas del rubro; sin duda su fortalecimiento permitiría un mejor desempeño frente a una crisis como la actual.

La decisión de declarar zona franca a la provincia de Chiloé, requiere de un proyecto de ley patrocinado por el Gobierno, por ello espero que la propuesta entregada al ministro de hacienda, Rodrigo Valdés, sea revisada y acogida. Lo que no puede pasar, es que el Gobierno luego de esta crisis ambiental, económica y social no saque lecciones para generar los cambios que Chiloé requiere.