Su primera cuenta pública como comisario de Carabineros de Castro realizó la mayor Karolin Stange. Un análisis de la gestión policial en la cual destacó a los robos como la principal problemática delictiva en la capital chilota y enfatizó en la necesidad de potenciar las denuncias.

La actividad se realizó en la Biblioteca Pública Martina Barrientos Barbero, donde la oficial expuso el trabajo del 2015 en Castro, Quinchao, Curaco de Vélez, Dalcahue, Chonchi y Puqueldón, comunas que abarca la Segunda Comisaría.

Los delitos de mayor connotación social se incrementaron en un 3 por ciento en Castro -se registraron mil 893 casos policiales-, mientras que los detenidos aumentaron en un 2,1%.

Ilícitos

En la ciudad del Gamboa los robos de vehículos y los atracos a viviendas fueron las problemáticas más comunes, sumándose también la violencia intrafamiliar, flagelo que se repite en las otras comunas de la jurisdicción, junto a las lesiones, la gran mayoría derivadas por el excesivo consumo de alcohol.

La jefa policial destacó que ante este escenario las acciones desarrolladas "comprenden servicios focalizados y georreferenciados, aumentándose los patrullajes preventivos que son los dispositivos que más pide la comunidad".

Asimismo, la uniformada enfatizó en el requerimiento de notificar los delitos. "Sin denuncia formal no hay información y se nos dificulta el trabajo, al no contar con mayores datos para realizar los operativos. Existe una cifra negra al respecto", apuntó la mayor.

En este punto, además resaltó la necesidad de abordar estas materias de manera integral. Por ello, se han realizado las coordinaciones con instituciones y se busca potenciar el acercamiento con la comunidad.

"La responsabilidad es de todos para potenciar la seguridad. La población debe denunciar y exigir el mejoramiento de sus sectores", manifestó Stange.

480 personas detenidas se registraron durante el 2015 en la jurisdicción.

192 carabineros tiene la Segunda Comisaría en sus destacamentos.

Pedro Bárcena González

Tras permanecer más de un año privado de libertad en las próximas horas abandonaría la cárcel un joven sindicado como autor de sendos ultrajes contra una menor de edad en Quellón. Pese a ser condenado a dos penas de 3 años y un día de presidio por su responsabilidad en los abusos sexuales infantiles, el sujeto fue beneficiado con la libertad vigilada intensiva.

Así fue dispuesto por la sala del Tribunal Oral en lo Penal de Castro presidida por el magistrado Claudio Ayala, tras la lectura de fallo por el juicio al que fue sometido el operario pesquero por los ataques cometidos contra una pequeña que tenía apenas 6 años. Dos agresiones se acreditaron, una en la vía pública y otra en una vivienda de la población Francisco Coloane.

El fiscal Rodrigo Valladares había invocado 5 años de reclusión efectiva por cada ilícito. Sin embargo, los sentenciadores se inclinaron por decretar el mínimo del grado.

"Se dictaron dos penas de 3 años y un día; además, gracias al informe evacuado por Gendarmería, se otorgó la pena sustitutiva", afirmó el persecutor.

Apoyo

Desde el Centro de Reinserción Social (CRS) de Castro emanaron los antecedentes favorables para que el acusado de iniciales P.M.A.O. (25) cumpla la sentencia en el medio libre.

Primó para este informe presentencial el apoyo brindado por la propia comunidad al hoy condenado. De acuerdo a lo señalado por su hermana Lorena Agüero, en poco tiempo "logramos reunir más de 300 firmas de respaldo, tanto de los mismo vecinos del sector como de la empresa donde trabaja, el club deportivo, todos lo esperan, con trabajo, para que se reinserte".

Asimismo, la joven reconoció que pese a ser sentenciado su familiar, "nos da mucha tranquilidad que pueda salir de la cárcel después de un año y dos meses que estuvo en prisión preventiva. Eso se concretaría entre hoy o mañana (jueves), ya que faltaban unos papeles que se reunieron", aclaró.

No obstante a este escenario, todavía podría existir una nueva etapa procesal por esta causa, puesto que el fiscal se encuentra analizando en profundidad el fallo para un eventual requerimiento ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

"Nos tomaremos el plazo respectivo (10 días) para ver si interponemos un recurso de nulidad sobre la sentencia", recalcó Valladares, detallando que las dudas se concentran en la recalificación que dictaron los jueces con respecto al delito de violación que describió el ente acusador.

6 años tenía la menor al momento de ocurrir los hechos durante el 2009.