"Hasta que se presenten nuevos y mejores antecedentes para la investigación". Esta es una de las frases con que la ministra Mireya López resolvió sobreseer parcial y temporalmente a los 54 parlamentarios que investigó por el caso de los falsos exonerados políticos.
Los entonces diputados extendieron, entre 1996 y 2007, certificados que acreditaron a personas como víctimas del régimen militar, sin que su condición fuera confirmada.
Según informa El Mercurio, la magistrada concluyó que, por ahora, no se encuentra completamente justificada "la comisión de un hecho constitutivo de ilícito penal en lo que dice relación a la extensión de sendos certificados políticos".
Pese al sobreseimiento, la magistrada cuestionó la "laxitud" de algunos parlamentarios por no confirmar la información. Esta tarea, incluso, quedaba a cargo de asesores que, de acuerdo al dictamen, tampoco lo hicieron.
"No solo no recuerdan a las personas a quienes extendieron los documentos, sino que tampoco pueden dar razón de la actividad que estos desarrollaban o al menos algún antecedente del respectivo empleador, en orden a cómo se produjeron los despidos o si hubo intervención militar al referido empleador", dice el informe de la magistrada.
Programa
Los documentos eran presentados al Programa de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior, que entregaba los beneficios previsionales otorgados bajo el amparo de la Ley 19.234.
La resolución también dice que la práctica "fue masiva y hubo parlamentarios que emitieron cientos de certificados para personas que decían haber trabajado para distintos empleados, e incluso en algunos casos, a lo largo de todo el territorio nacional".
Dentro de los sobreseídos destaca el entonces diputado por Chiloé y Palena Gabriel Asencio (DC), quien emitió tres certificados.