Ante la solicitud de parte del PPD y el PS de agilizar la tramitación en el Congreso de la despenalización del aborto en tres causales: inviabilidad del feto, riesgo en la vida de la madre y embarazo por violación, ayer el Gobierno afirmó que la ley será una realidad antes de que se acabe el año legislativo, es decir, a fines de enero de 2017.

La titular del Ministerio de la Mujer, Claudia Pascual, aseveró se está intentando que el proyecto sea aprobado en el Senado antes de las municipales de octubre. "Tenemos un cronograma como Gobierno que nos permita que este proyecto realmente pueda ser ley antes del 31 de enero del 2017 y vamos a hacer todos los esfuerzos", dijo.

Detalló que actualmente la iniciativa está "en la Comisión de Salud (de la Cámara), luego viene la Comisión de Hacienda y Constitución. Tenemos que hacer calzar todos calendarios y eso es lo que estamos conversando con los parlamentarios". Sobre las críticas al proyecto, que vienen principalmente desde la oposición y parte de la Democracia Cristiana, Pascual aseguró que "es un proyecto que no es fácil de tramitar, convoca y remite a distintas opiniones".

Camila Infanta S.

Firma quincenal y arraigo nacional son las medidas cautelares que deberá cumplir el exministro y exprecandidato presidencial Laurence Golborne mientras dure la investigación que lo vincula a presuntos delitos tributarios en el marco del caso Penta.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público aseguró que Golborne, en su declaración de noviembre de 2014, negó antecedentes respecto al financiamiento de sus campañas y respondió "de manera falaz".

Según la Fiscalía, el extitular del MOP, Minería y Energía en la administración de Sebastián Piñera recaudó $378 millones a través de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados, entre el 2012 y 2014, a las empresas Penta, Penta III, y Ripley, entre otras.

Afirman que Golborne solo habló de Penta y no mencionó el resto.

Del total de los dineros, $218 millones fueron recibidos a través de facturas emitidas por la empresa Vox Comunicaciones, de pertenencia del exaspirante presidencial, mientras que otros $160 millones a través de VSA y Siglo Outsourcing.

Según los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, los dineros fueron utilizados para financiar la campaña senatorial y la precampaña presidencial. La primera se realizó en 2013 cuando, en el bloque del actual Chile Vamos, no logró doblar en Santiago Oriente, y fue vencido por Manuel José Ossandón. La segunda no llegó a materializarse y el exministro bajó su precandidatura en abril de 2013.

"No hay delito alguno"

Si bien el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la fiscalía solicitaron arresto domiciliario total y arraigo nacional, finalmente el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, desestimó la solicitud y otorgó únicamente firma quincenal, pues las medidas decretadas "igualmente satisfacen los fines del procedimiento", sostuvo.

Tras la audiencia, el ex secretario de Estado aseveró que existe "un juicio político donde se está acusando de manera distinta a diferentes actores". Agregó que, si bien los dineros solicitados fueron después de que ocupó cargos públicos, "estoy dispuesto a someterme a los tribunales para llegar a determinar que desde el punto de vista tributario, no he cometido delito alguno".

Sobre la opción de ir a un juicio abreviado, en el que se exige que el imputado reconozca delitos a cambio de una pena más baja, Golborne dijo que nunca aceptó reconocer algo que no hizo.

"Efectivamente me acerqué al grupo Penta y les pedí ayuda para ese posicionamiento (la precampaña). Esto fue después de haber sido funcionario público, después de haber sido ministro y eso consta en mis declaraciones", afirmó.

Luego de que el martes la Presidenta Michelle Bachelet asegurara que cerca de 15 mil encuentros locales se habían inscrito durante los más de dos meses de plazo inicial para el proceso constituyente, ayer el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, detalló que, de esos, el 57% se realizó.

Explicó que de los 8.506 encuentros efectuados, se han subido 7.505 actas al sitio web. El martes, el consejo de observadores decidió ampliar hasta el domingo el plazo para subir las actas, por lo que las autoridades esperan que todos los encuentros queden validados.

La participación ciudadana en el proceso para cambiar la Carta Fundamental de 1980 continuará en julio con los cabildos regionales y luego los provinciales. Al respecto, Eyzaguirre aseguró que "desde el punto de vista de los resultados, nosotros, sin duda alguna, nos encontramos muy satisfechos". Y añadió: "¿Es respetuoso con las decenas de miles de mujeres y hombres que participaron y que apartaron un tiempo familiar, con cuatro o cinco horas, que se sentaron a soñar Chile, el decir que esta es una cosa pequeñita?".