Más de un centenar de personas participaron de la primera audiencia pública realizada en la Municipalidad de Ancud, la cual es inédita incluso a nivel provincial y en la que la comunidad pidió respuestas a una serie de inquietudes respecto a cómo se ha abordado la crisis por marea roja.

La actividad solicitada por más de 180 firmantes contó con la intervención de varios de ellos, quienes representaron a la ciudadanía realizando consultas al municipio, las cuales fueron respondidas en poco más de 3 horas por personal designado por la alcaldesa Soledad Moreno.

"Se habla de 1.006 fichas aplicadas y digitalizadas y 216 aplicadas pero no digitalizadas, pero que sí fueron oficializadas a la Intendencia Regional", fue una de las precisiones que realizó el encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Mauricio Henríquez, ante una de las consultas de los convocantes, además de volver a aclarar que el municipio trabajó el tema de los instrumentos FIBE (Ficha Básica de Emergencia) de acuerdo a instrucciones entregadas por el Ministerio del Interior.

"Las fichas FIBE no las administra el municipio, solamente el rol que cumple es la aplicabilidad", agregó el jefe de Dideco.

A ello sumó el coordinador municipal de la Mesa de la Marea Roja de Ancud, Manuel Muñoz, que en la comuna existen 6.805 damnificados por la marea roja.

Ante la interrogante de por qué la ficha no se encuestó en terreno por personal calificado, Henríquez afirmó que esto no se había realizado debido a los bloqueos camineros durante las movilizaciones de la pesca artesanal en mayo.

Respecto a la entrega de canastas familiares, otra de las consultas realizadas por el público asistente, el funcionario municipal afirmó que además de las 600 donadas por la Municipalidad de Las Condes, el consistorio solamente ha comprado 338 con recursos propios y se estarían gestionando otros aportes de municipios capitalinos. "Algunas gestiones se están haciendo", recalcó Henríquez.

Catástrofe

Otro de los aspectos abordados por la comunidad y el municipio fue el del decreto de Zona de Catástrofe del 29 de abril del 2016. Sobre ello el abogado municipal Ariel Jara mencionó que una de las materias a estudiar y precisar es que en unos documentos aparece el lugar geográfico afectado como área costera y en otros como la zona costera, que podría ser más amplia.

De todas formas se clarificó que no se han recibido recursos adicionales del Estado, pese a la declaración de Zona de Catástrofe en la Región de Los Lagos, lo cual fue otra tarea pendiente que quedó para el municipio, la de gestionar dineros frescos para Ancud.

Acerca de los planes de absorción de empleo, el funcionario de Secplan (Secretaría Comunal de Planificación) Javier Díaz detalló que está pronto a ejecutarse un proyecto que incluirá a 258 personas que serán empleadas por media jornada durante cuatro meses y que se espera ejecutar dos iniciativas más de ese tipo.

Entre las respuestas pendientes que, de acuerdo a la normativa municipal deberán ser respondidas en el transcurso de 30 días en otra asamblea similar, están la concreción de recursos de distintos ministerios y presionar para cambiar las bases de algunos fondos concursables de emprendimientos, como los de Sercotec.

Para estos recursos del Servicio de Cooperación Técnica los postulantes seleccionados deben cancelar el 20% del total de dineros de la iniciativa favorecida, más los impuestos que acarrea, lo cual señalaron los pobladores como "inalcanzable para los desempleados".