Con una bufanda azul al cuello y una canosa barba de pocos días apareció ayer por La Moneda el exministro de Interior Jorge Burgos, luego de que el 8 de junio dejara su cargo argumentando que "estoy cansado físicamente".

El exsecretario de Estado, quien partió unos días a Londres y que en su partido, la DC, es visto como una alternativa senatorial, estuvo entre las 12.30 y las 16 horas en palacio, rato en que almorzó con su sucesor, el también democratacristiano Mario Fernández.

"Me invitó a almorzar el ministro. Soy muy amigo de él. Hablamos también de política, me preguntó opiniones. Yo tenía que aprovechar de firmar un par de cosas que habían quedado atrasadas, fue muy grato", dijo a T13.cl.

Burgos estuvo cerca de un año en el Ministerio de Interior, donde llegó desde Defensa.

El término estafa piramidal seguramente estará en los recuentos de fin año como uno de los protagonistas de 2016.

Juan Opazo, juez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó el arraigo nacional y el arresto domiciliario total de los hermanos Carlos y Claudio Rodríguez, propietarios de la firma de asesorías de inversión Rodríguez & Asociados.

Esta medida cautelar se aplicó luego de que el 24 de mayo pasado los dueños de la empresa autodenunciaran ante la Fiscalía que no tenían dinero para cumplir sus responsabilidades, producto de una fuga de clientes.

El persecutor los formalizó por estafar a unas 200 personas, infracción a la Ley de Bancos y lavado de dinero por inversiones captadas entre 2009 y 2016. El Ministerio Público también pidió prisión preventiva para ellos, la que no se concedió. Su defensa argumentó que acá solo "hubo malas decisiones de inversión".

La estafa piramidal consiste en ofrecer muy altas rentabilidades apoyados, no en inversiones, sino en las platas que van ingresando de los nuevos clientes. Por lo mismo, solo dura mientras sean pocos los clientes a los que se debe responder.

200 personas habrían sido embaucadas por la empresa, según la Fiscalía.

El senador decé Patricio Walker pidió ayer al Gobierno poner urgencia al proyecto que declara imprescriptibles los delitos de abuso sexual infantil, el cual está en el Congreso desde 2010.

La petición ocurre tras conocerse el caso de la abanderada olímpica Érika Olivera (40), quien acusó en la revista Sábado haber sido abusada entre los cinco y 17 años por su padrastro.

La atleta interpuso una denuncia por el delito. "Existe un trauma que sufren las víctimas, demorándose mucho tiempo en asumir que se produjo un delito y denunciar", dijo Walker.

En 2007 se promulgó una ley para que la prescripción, de cinco o 10 años, comience a computarse desde que los abusados cumplen la mayoría de edad.

Leonardo Riquelme - Medios Regionales

Con cerca de 400 artículos está previsto que la reforma educacional al nivel superior inicie hoy su trámite en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

"A mí me importa que sea ley en la administración de la Presidenta Bachelet", dijo el titular de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade (PS), sobre la iniciativa que ingresa sin urgencia.

Junto a consagrar avances hacia la gratuidad, impedir el lucro y fortalecer la institucionalidad, la iniciativa busca mejorar los estándares de calidad. En esa línea, el proyecto termina con la acreditación voluntaria y la hace obligatoria, con una vigencia de ocho años, y ya no entre dos a siete años, como ocurre hoy.

Las universidades que no lo consigan quedarán bajo el alero de un administrador provisional, que tendrá tres años para lograrla. De no obtenerla, deberán cerrar. La acreditación ahora será en los niveles de gestión institucional; sistema interno de gestión de la calidad; docencia y formación; investigación, creación e innovación, y vinculación con el medio. En la práctica, con esto el Gobierno busca que todas realicen investigación.

"(Este es) Un proyecto tan importante para el país, que avanza sustantivamente en la calidad de la educación superior, que deje de ser un negocio y pase a ser un bien público. Y, por otro lado, se dan los pasos concretos para avanzar en gratuidad y apoyos estudiantiles", dijo la ministra de Educación, Adriana Delpiano, a Radio Cooperativa.

El vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle, lamentó en Radio ADN que la iniciativa no tenga "fondos para hacer reestructuraciones. Lo que ha hecho el Gobierno es privilegiar la forma privada". Mientras, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, expuso que el tamaño de la reforma hacía necesario "unos días para analizarla", pero adelantó que esperan discutirlo en el Cruch.

En tanto, en la oposición el diputado de la UDI Jaime Bellolio mencionó que era un proyecto "pasado a naftalina" y su par María José Hoffmann agregó que el rechazo que provoca es porque "no se hace cargo de generar justicia".

El timonel de RN, Cristián Monckeberg, catalogó que era "puro humo".

30 años podría demorar en aplicarse la gratuidad, estiman en la Feusach.