Leonardo Riquelme
El proyecto de reforma a la educación superior inició ayer su trámite en la Cámara de Diputados, y lo hizo en medio de protestas estudiantiles callejeras y un fuerte rechazo en diversos sectores. Una de las críticas es que no cumple la promesa de impulsar la gratuidad universal y solo planteó una fórmula asociada al crecimiento de la economía, aunque sin plazos para alcanzar al 100% de la matrícula.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, informó que conseguir esa meta le costaría al país casi US$4.000 millones al año que equivalen a 1,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). En esa línea, avisó que el Gobierno no promoverá una nueva reforma tributaria para sumar recursos.
Tras recordar que el precio del cobre se ha contraído en los últimos años, añadió que incluso si el mineral se recuperara en las próximas administraciones y se mantuviera por sobre los US$3 la libra, "será la sociedad la que debe discutir si quiere usar todo ese dinero en educación o compartirlo con otras preocupaciones, como la salud o las pensiones", ejemplificó.
El Ejecutivo consiguió en 2014 la aprobación de una reforma tributaria que prometió elevar la recaudación fiscal en US$8.000 millones, de los que una parte se destinaría a las distintos proyectos de educación propuestos y el resto a otros requerimientos sociales. La reforma ingresada ayer apuesta a llegar con gratuidad al 60% de los estudiantes más vulnerables al 2018.
El proyecto establece que para ello en 2017 se destinarán $202 mil millones (equivalentes a US$304 millones) para las instituciones y, en 2018, subirá a $324 mil millones (US$487 millones). Eso abarca solamente a alumnos de universidades, y no a institutos ni centros de formación técnica, que fueron marginados por un fallo del Tribunal Constitucional. Para becas de mantención en el nivel superior, el Ejecutivo requirió $4.642 millones para el 2017 y $18.167 millones.
Al respecto, el diputado por Santiago Giorgio Jackson (RD) acusó en Radio Cooperativa que La Moneda tomó "la decisión de no generar una forma de gradualidad a la gratuidad universal y simplemente chuteó la decisión".
1,5 punto del Producto Interno Bruto (PIB) se requeriría para pagar la gratuidad total.
