Pedro Bárcena González
El peso de vivir en un ambiente marcado por las drogas y la vulneración llevó a un niño de apenas 12 años a acusar a su abuelo, sindicándolo como vendedor de estupefacientes en Quellón. Sus datos permitieron formalizar una denuncia, activar un procedimiento policial, incautar marihuana y cocaína, como también encausar por tráfico al comerciante, quien quedó en prisión preventiva.
El estudiante agobiado por este ambiente contó su experiencia a la sicóloga de su colegio, quien de inmediato se trasladó a la Fiscalía porteña, notificando el ilícito. Desde el ente persecutor se instruyó la concurrencia de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de la Sexta Comisaría de Carabineros local hasta el domicilio del escolar, donde quedó en evidencia esta práctica delictiva.
Operativo
Gracias a una orden judicial de ingreso, registro e incautación, se logró concretar la aprehensión en flagrancia del sujeto de iniciales L.A. (51), quien era el sindicado por el menor como responsable del delito. En el dormitorio del "tata" se hallaron la mayoría de las especies decomisadas, dentro de las que destacan 465 gramos de Cannabis sativa y 189 gramos de clorhidrato de cocaína.
A su vez los efectivos policiales se llevaron numerosos artículos de dosificación como bolsas, una balanza digital, un molinillo y 226 mil pesos en dinero efectivo. Además, encontraron dos pistolas y municiones de salva.
Con el peso de estas pruebas, el imputado fue puesto a disposición de la justicia ayer en el Tribunal de Garantía de Castro, debido a la ausencia del magistrado quellonino.
En la audiencia, junto con acreditarse la legalidad de la detención, la fiscal Karen Rosas, especializada en delitos de drogas, formalizó la indagatoria por tráfico, bajo la hipótesis de comercialización, tenencia y guarda, como también solicitó la prisión preventiva.
Dentro de los argumentos para sostener esta cautelar, la abogada enfatizó que "existen antecedentes suficientes para acreditar el delito y la participación del imputado", detallando que hay una denuncia directa contra el sujeto y hasta un video grabado por el mismo menor denunciante, en el cual se observa la droga en la casa y los elementos de dosificación.
Asimismo, la persecutora recalcó que "las sustancias fueron sometidas a las pruebas de campo respectivas, dando coloración positiva para los reactivos de la cannabis y la cocaína".
Otro de los puntos que destacó la profesional fue el abultado prontuario delictivo del individuo, quien al momento de su captura cumplía una pena sustitutiva por el delito de estafa.
Bajo este escenario, dijo Rosas, la libertad del imputado constituye un peligro para la sociedad, existiendo también riesgo de fuga.
Oposición
El defensor Claudio Herrera se opuso a esta medida, señalando que "no existen antecedentes que justifiquen la participación de mi cliente. El único elemento que indica la Fiscalía para sustentar el ilícito es la denuncia de una sicóloga por los dichos de un menor y un video en que no se aprecia claramente la existencia de droga".
Junto con desvirtuar el testimonio del escolar, el jurista especificó que no existe una entrevista directa al niño como denunciante.
Agregó el abogado que "los antecedentes de participación son equívocos. Encontrar sustancia dubitada como droga en un inmueble cuyos ocupantes son múltiples no puede constituir elemento de convicción para asentar la participación".
Detalló la fuente que falta evidencia, necesaria para sustentar el delito por su naturaleza y gravedad, como nombres de compradores, escuchas telefónicas, análisis de los tres celulares incautados. "De cara al proceso penal estos datos son indispensables para disponer el encierro de una persona", concluyó.
Pese a estos argumentos, la magistrado Jésica Yáñez manifestó que existe información, evidencia y sindicación directa al imputado, para sustentar la existencia del ilícito y la intervención del imputado, ante lo cual decretó la cautelar más gravosa. Además, decretó un plazo de 100 días para el cierre de la indagatoria.