Una denuncia por hechos constitutivos de delito de daño al sitio arqueológico Batería de Remolinos realizó el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile (CMN) ante la Fiscalía de Ancud, luego de verificar en terreno intervenciones relativas a la construcción del Puente Chacao.

El hecho fue descubierto en octubre del 2015 por el CMN en una fiscalización ambiental, encomendada por la Superintendencia de Medio Ambiente, para verificar el estado de cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en la resolución de calificación ambiental del proyectado viaducto entre el continente y la Isla Grande de Chiloé.

Dentro de esas fiscalizaciones es que se evaluó el estado de protección del denominado sitio N°5 (la Batería de Remolinos), de acuerdo a lo que estaba documentado en la línea de base arqueológica, elaborada para el estudio de impacto ambiental (EIA) del Puente Chacao. En dicho escrito constaba que tal punto se trataba de un lugar destinado a la defensa en tiempos de dominación hispana de la provincia y que era parte del sistema de fortificaciones construidas a partir del siglo XVII.

En la inspección se constató la afectación de la batería, lo cual de acuerdo a la denuncia efectuada por el Consejo de Monumentos Nacionales en la Fiscalía de Ancud, se habría producido "específicamente por excavaciones cercanas a un metro de profundidad que compromete una franja de 40 metros de largo asociada a los trabajos para la habilitación del camino al 'edificio mirador', además de roce y remoción de la superficie que compromete una superficie cercana a un 80% del área conocida para el sitio".

El documento de la presentación de la denuncia ante la Fiscalía agrega que "esta afectación del monumento arqueológico se evidencia fundamentalmente por la presencia de material arqueológico, distribuido en superficie, en un área alterada por actividades de roce, remoción de la superficie y escarpe".

Advierte el CMN en la misma denuncia que el daño patrimonial habría sucedido en un área restringida para el proyecto, donde existía señalética visiblemente instalada, además de ser un lugar con cierre perimetral para su protección.

Fiscal

Dentro de la denuncia, el consejo solicita al fiscal jefe de Ancud, Jorge Raddatz, que se investiguen los hechos y que se busquen las responsabilidades de la destrucción, a lo cual el abogado del ente persecutor señala que efectivamente existe una indagatoria que hasta el momento está en calidad de desjudicializada.

"Efectivamente se recibió una denuncia por un delito de daños a monumentos nacionales de parte de Monumentos Nacionales", recalcó el persecutor, añadiendo que por tal motivo se dio una orden de investigar a la Brigada de Delitos Medioambientales y contra el Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI de Valdivia, que tiene jurisdicción en esta región.

Detalló además el fiscal que "en principio se detectó algunos daños, pero van a ser cotejados con otro informe que la Fiscalía va a pedir". Sumó que "esto fue en el sector Remolinos", recalcando que "por el momento la investigación es desjudicializada y se va a pedir un nuevo informe a la Bidema".

El hecho llegó a conocimiento de detractores del anunciado puente por 360 mil millones de pesos. Desde el movimiento Defendamos Chiloé, el activista Juan Carlos Viveros comentó que desde la organizacional en que participa se envió una denuncia al Ministerio de Obras Públicas y al Consejo de Monumentos Nacionales en marzo, porque "unos vecinos del sector habían dicho que la obra estaba destruyendo los sitios arqueológicos".

La fuente evidenció que "nosotros recibimos respuesta hace unos días atrás, donde el MOP dice que todo está bien, que no se ha destruido ningún sitio arqueológico y que todo se ha hecho como corresponde, pero el Consejo de Monumentos Nacionales nos envió otro documento donde dice que hay varias irregularidades y entre ellas delitos ante la Ley de Monumentos Nacionales, el cual está comprobado".

Viveros manifestó que frente al reclamo que realizó el CMN y una eventual querella, se harán parte también Defendamos Chiloé y otras organizaciones detractoras del Puente Chacao.

Vialidad

Efectivamente, en el documento de respuesta del MOP al movimiento ciudadano el jefe del Departamento de Medio Ambiente y Territorio de la Dirección de Vialidad, Carlos Herrera, expone que el contrato de construcción del viaducto sobre el canal contempla una serie de requerimientos, incluyendo la actualización de la línea base arqueológica terrestre y la prospección arqueológica subacuática.

Respecto a la segunda, el funcionario respondió que "en los sectores donde se efectuaron o se efectuarán labores de intervención del fondo marino (excavaciones e hincado de pilotes para trabajos temporales)" y que no se detectó "ningún tipo de evidencia de carácter patrimonial, lo que quedó refrendado en los informes enviados al Consejo de Monumentos Nacionales y aprobados por dicho organismo".

En el caso de las obras terrestres, Herrera respondió que también se realizaron prospecciones visuales que no evidenciaron existencia de elementos patrimoniales.

No obstante, acotó que "en el marco de los trabajos de roce y despeje de la faja y producto de la apertura de una huella de acceso, se produjo la intervención accidental de un sitio", refiriéndose a la Batería de Remolinos, arguyendo que si bien este está mencionado en el estudio de impacto ambiental, no contaba con "coordenadas conocidas al momento de la interversión".

Añadió el jefe del Departamento de Medio Ambiente y Territorio de la Dirección de Vialidad que la intervención se habría producido en un lugar periférico del sitio arqueológico, sin afectar restos patrimoniales.

"La empresa contratista se encuentra dando estricto cumplimiento a lo estipulado por la RCA y a las bases de licitación del contrato, efectuando monitoreo permanente de todos los movimientos de tierra que implican cortes o excavaciones, con el fin de asegurar el correcto manejo de los elementos patrimoniales referidos en la RCA, así como para identificar posibles nuevas evidencias, no observados previamente en superficie", también informó el funcionario.

Además, Herrera detalló que a la fecha de la respuesta (23 de mayo) se han realizado en la obra tres informes de seguimiento arqueológico, cuatro informes de monitoreo mensual, tres informes de prospección subacuática, uno de actualización de línea base arqueológica terrestre y dos planes de caracterización de los sitios identificados.

La propia comunidad aledaña a la construcción del puente en el norte de la Isla se pronunció acerca del presunto daño. El presidente de la Junta de Vecinos de Chacao, Andrés Ojeda, calificó que "este daño a los restos arqueológicos de la batería española Punta de Remolinos nos cae como un balde de agua fría, ya que desde hace años que las comunidades de Chacao y Chacao Viejo vienen solicitando a Arquitectura del MOP un proyecto de restauración o puesta en valor de este importante patrimonio, además del Fuerte Real San Antonio de Chacao Viejo".

El dirigente vecinal subrayó que "sabemos que se han hecho estudios al respecto. Sin embargo, toda la inversión económica se la llevan las restantes fortificaciones de la comuna de Ancud. Así y con esta lamentable noticia, creemos que nuestras autoridades tienen nulas intenciones de preservar nuestra historia, con los beneficios que ello conlleva; en cambio, insisten en invertir en proyectos inconsultos e impopulares que solo benefician a un sector minoritario de los chilotes".

Arquitectos

Por su parte, el presidente de la Delegación Chiloé del Colegio de Arquitectos de Chile, Jorge Espinosa, reveló también su descontento con lo sucedido a los restos arqueológicos. "Nosotros hemos evaluado el tema y consideramos que es una acción más de la forma de actual del Estado de Chile frente a la inversión pública que, en este caso, tiene que ver con el puente sobre el canal de Chacao, que es una inversión que arrasa con todo y esta es una muestra clara", adjetivó.

Remató el profesional que "la construcción de este puente pasa sobre el sitio arqueológico, lo destruye y no es suficiente acción para detener las obras, sino que hay que llegar al tema legal y denunciar. Esta es una forma de actuar del Estado que prioriza la inversión por sobre las identidades culturales de los territorios".

"Creemos que nuestras autoridades tienen nulas intenciones de preservar nuestra historia".

Andrés Ojeda,, presidente de la Junta de, Vecinos de Chacao.