Cuando en 2014 se inició la discusión de los primeros proyectos de la Reforma Educacional, se criticó al Gobierno por no empezar por el fortalecimiento de la educación pública en lugar de "quitarle los patines" a los alumnos de colegios particulares subvencionados.

Lo concreto, es que luego de casi 2 años, el proyecto de Ley de Nueva Educación Pública, más conocido como Desmunicipalización, es el tercer intento de legislar en menos de 10 años; primero fue en 2008 y luego en 2011.

La actual iniciativa contempla la creación de servicios locales de educación pública, que en la práctica deberán cumplir el rol de los sostenedores, velando por la calidad y por un desarrollo equitativo. Digo en la práctica, porque entre sus debilidades está la duplicidad de funciones a nivel provincial además de la centralización y dependencia absoluta en el ministerio.

Pese a lo anterior, valorando el deseo de fortalecer la educación pública, cuya matrícula cae anualmente por factores como la mala calidad, las recurrentes y prolongadas tomas y la fuga de profesores, lo cierto es que el proyecto recién aprobado en la Cámara de Diputados, evidenció una vez más el desorden que hay en la Nueva Mayoría.

La molestia del ministro Valdés por el apoyo del oficialismo a la indicación declarada inconstitucional por involucrar recursos públicos se entiende, y aunque quienes votaron a favor se justifiquen diciendo que fue una señal política para pedir un cambio en el sistema de financiamiento, lo cierto es que fue una irresponsabilidad y aunque esos mismos digan que en el Senado "se cocina todo", espero que la sensatez prime, porque la educación no requiere de señales políticas, exige responsabilidad pública.