Luis Contreras Villarroel
A una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio se expone un hombre imputado por el delito de homicidio, cometido en contra de Maximiliano Arriagada Quintullanca la madrugada del 27 de noviembre del 2014 en el sector San Antonio, en Quellón.
La solicitud por este castigo penal será expuesta por el Ministerio Público durante los alegatos de apertura programados para mañana, cuando se inicie el juicio en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro.
El acusado individualizado con las iniciales S.V.A. (35) deberá enfrentar a la terna de jueces a partir del instante en que el organismo persecutor presente los medios de prueba que lo involucran en el hecho de sangre perpetrado en su propio domicilio en contra de la víctima fatal de 39 años de edad.
Vuelco
Rodrigo Valladares, fiscal a cargo de la causa, recordó que este delito quedó al descubierto una vez que el cuerpo de Arriagada fue examinado en el Servicio Médico Legal de Castro, donde se determinó la existencia de una herida penetrante que desvirtuó el informe preliminar realizado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.
"Luego de realizar la autopsia, el médico llama a la Fiscalía Local dando cuenta que precisamente la lesión en el sector costal izquierdo, una lesión mortal de profundidad y dice relación con que es un homicidio", dijo el persecutor.
Valladares resumió que las pesquisas encargadas a detectives de la PDI establecieron que el autor del mortal ataque correspondería a la misma persona que denunció el caso caratulado inicialmente como hallazgo de cadáver.
Durante la audiencia de juicio oral el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales de policías y testigos presenciales y evidencias materiales, como la ropa de la víctima y el arma utilizada en la mortal agresión.
ESTRATEGIA
La defensa del acusado se inclinará por la figura de cuasidelito de homicidio. Argumentará en el juicio que el imputado no tuvo el ánimo de matar, sino que solamente lesionar a la víctima del ataque. Por ello, el abogado Nelson Troncoso cree que la pena debería estar entre 61 a 3 años de presidio.