M. Eugenia Núñez G.

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso de casación y apelación interpuesto por el abogado de Elsa García Haro, abuela del consejero regional Claudio Oyarzún (PPD) y moradora de una vivienda que existe en la parte posterior del Gimnasio Fiscal de Castro, y ordenó que esta casa fuera restituida al municipio dentro de tres días posteriores de ser ejecutoriada la sentencia.

De acuerdo a lo indicado por el abogado del municipio local, Juan Pablo Sottolichio, el tribunal de alzada ratificó el dictamen del Tribunal de Letras en lo Civil de Castro de noviembre del año pasado, cuando falló a favor del consistorio aludiendo que quedó demostrado que la contraparte "no posee ningún documento o título de dominio de la propiedad".

"La Corte de Apelaciones oyó los alegatos de las partes y falló el jueves confirmando la sentencia del tribunal castreño y rechazando la apelación y casación que había interpuesto la demandada y en esos términos se ratifica que la demandada tiene la obligación legal de restituir el inmueble, propiedad de la Municipalidad de Castro", aseguró el asesor jurídico.

La fuente explicó que el litigio judicial se inició una vez que la Contraloría Regional de Los Lagos ordenara el 2014 una fiscalización para determinar en qué condición se encontraban los inmuebles que pertenecen a este municipio chilote, ubicados en los terrenos donde están emplazados el Gimnasio Fiscal, el Estadio Municipal y el Liceo Politécnico.

"En esa investigación de la Contraloría se pudo determinar que no existían antecedentes que pudiesen acreditar o justificar por qué esta señora ocupaba esa propiedad. Luego el municipio tomó las medidas administrativas correspondientes, en el sentido de solicitarle vía oficio que se hiciera restitución de la propiedad a la municipalidad; como no hubo respuesta, el concejo municipal tomó la decisión que se tomen las acciones legales pertinentes a fin de recuperar el inmueble", acusó Sottolichio.

Sumó el profesional que tras el primer fallo favorable al municipio, la demandada apeló al tribunal regional.

"Ella dice ser dueña de esa propiedad porque la municipalidad el año 1968 le habría transferido el dominio del inmueble de por vida, pero ningún antecedente pudo acreditar esta situación, no está inscrito en el conservador de bienes raíces; se hicieron las averiguaciones y lo únicos que avalaron ello son los propios testigos que ella presentó en el juicio", aseveró el abogado del consistorio.

Suprema

Desde la contraparte, el jurista de la adulta mayor, Hugo Oyarzún, confirmó que su defendida apelará a la sentencia, esta vez en el máximo tribunal del país.

"Este es un fallo absolutamente injusto por cuanto patentiza la falsedad, el ocultamiento de antecedentes valiosos para acreditar de que esa persona demandada inhumanamente por la municipalidad la adquirió (la propiedad) a raíz de un acuerdo municipal en favor de sus trabajadores", afirmó el exjuez de policía local.

Oyarzún agregó que "utilizaremos todos los recursos y no solamente en esta causa, sino que estamos estudiando otras instancias por cuanto que consideramos que nuestras autoridades municipales están en un proceso de alteración absoluta de los valores sociales y gremiales".

El profesional aseguró que el judicializado inmueble fue entregado al fallecido esposo de su clienta, en su calidad de funcionario municipal.

"Haciendo uso de la Ley de Transparencia informó (el municipio) que el acta donde queda de manifiesto el traspaso de este terreno no se encontraba... curioso, por decirlo menos", esgrimió el abogado, puntualizando que la calle Eleuterio Ramírez se extendía antiguamente hasta el domicilio de su defendida.

"Allí hay otro ocultamiento o bien un desorden descontrolado. Por medio de la Ley de Transparencia también se informó que no habían antecedentes y basta que se visite la casa y se vea que tiene una numeración", recalcó el defensor.

"En realidad es un abuso y hago un llamado a los empleados municipales -y si es que tienen conciencia social y no son simples instrumentos del que hoy tiene el mando municipal- para que protejan a una viuda anciana. Confiamos en la justicia y sobre todo en la divina porque seguramente muchos de ellos van a misa los domingos", concluyó Oyarzún.

"Es un fallo absolutamente injusto por cuanto patentiza la falsedad.

Hugo Oyarzún,, abogado de la demandada."