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Familia de mochilero asesinado califica como una "broma" fallo contra el autor

4 años de internación en régimen cerrado recibió el menor por el crimen.
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Pedro Bárcena González

Decepción total existe entre los familiares del mochilero asesinado en Chonchi, por lo que califican como una exigua e injusta pena recibida por el menor responsable de las tres estocadas por la espalda que le costaron la vida. El acusado recibió 4 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y un año más de libertad asistida especial.

Pese a que el isleño de iniciales N.R.H.B. (17) fue condenado por un homicidio calificado y arriesgar la sanción máxima dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), el concurso de atenuantes le permitió ver rebajada en más de la mitad esta pretensión. Una situación que caló hondo entre los parientes de Fabián Ignacio Olguín Barriga (23), quien falleció el 22 de febrero del 2015 en un predio chonchino donde acampaba.

Tal como expresó Manuel Olguín, padre del estudiante, el año y medio de trabajo indagatorio y procesal se fue a la basura con esta resolución.

"Todo el esfuerzo realizado para que se acredite el crimen y ahora los jueces nos salen con esta broma. No tienen criterio, conciencia de lo que cuesta una vida humana", acusó el progenitor, sumando que estas decisiones "llevan a la gente a creer que no hay justicia en este país".

A pesar de rechazar de plano este resultado, la resignación prima entre los cercanos al universitario. Por ello, ven lejana la posibilidad de recurrir de nulidad.

"No estamos en condiciones de repetir todo de nuevo, de buscar que se anule esto y se haga otro juicio. Fue casi un año y medio de trabajo, presión, dolor que no queremos repetir", expresó el vecino desde Santiago, quien fue notificado de esta sentencia por parte del abogado querellante Milton Cuevas, quien junto a la fiscal Karen Rosas, también discreparon de este dictamen.

De acuerdo a lo manifestado por la representante del Ministerio Público, la resolución "se aparta de lo que estábamos solicitando, por lo cual tenemos que interiorizarnos de las consideraciones que llevaron a tomar esta decisión".

Uno de los puntos que se estudiarán dentro de los 10 días que existen para recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt será la consideración de las atenuantes por parte de los sentenciadores. "Esto será motivo de análisis", resaltó la fiscal, mientras que Cuevas apuntó que "se debe ver en qué grado y por qué las acogieron, considerando que la defensa las invocó como muy calificadas".

Asimismo, el abogado de la familia reiteró que "no era lo que esperábamos", más cuando el hoy condenado tendrá descuentos a su sanción que le permitirán optar a beneficios. "Esto va en desmedro a las pretensiones de las víctimas. Cualquier persona que perdió un ser querido, de la forma alevosa en que se perdió, no va a estar contenta con que el victimario logre una libertad a los 2 o 3 años", aseveró.

Atenuantes

En tanto, el defensor Luis Mora confirmó que los jueces acogieron las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial en la causa, mientras que se rechazó la eximente incompleta. Sin embargo, insistió en que la inimputabilidad disminuida es evidente en el menor.

"Mantenemos esta postura. Hay una interpretación que se debe considerar, porque las anomalías que no constituyen demencia, sí influyen en la toma de decisiones en los adolescentes. Determina la conducta las carencias que tiene este joven y la falta de asistencia por parte del Estado", aclaró el profesional.

Es más, el abogado detalló que "tenemos un joven con depresión, con un retardo mental, aunque sea leve, ha sido diagnosticado en todo su proceso de educación y las respuestas han sido atenciones esporádicas con sicólogos y solo trabajo para mejorar el rendimiento escolar, lo que refleja la falta de servicios y atención por parte del Estado".

Bajo este contexto, Mora explicó que el tribunal debía aplicar una sanción que debe considerar estas particularidades, puesto que la finalidad de Ley de RPA es la resocialización.

10 años de internación en régimen cerrado pidieron los acusadores.

11 centímetros de profundidad tenía la herida homicida.