M. Eugenia Núñez G.

La Contraloría General de la República instruyó a la Municipalidad de Castro destituir de su cargo a la jefa del Departamento de Obras Municipales, María Luisa Cifuentes, y suspender de sus funciones por dos meses con la mitad de su sueldo al asesor jurídico Juan Pablo Sottolichio.

El Dictamen N° 48463, fechado el 1 de julio del año en curso, señala en forma textual que "siendo procedente aplicar la medida expulsiva de destitución a la señora Cifuentes Miranda y de suspensión del empleo del señor Sottolichio Silva, debiendo hacerse presente que en el ejercicio de su potestad disciplinaria, la autoridad municipal no está facultada para desconocer la existencia de las responsabilidades administrativas que ya han sido acreditadas de la manera que la ley ha dispuesto, esto es, a través del respectivo proceso sumarial, como ha acontecido en la situación planteada".

El documento del ente fiscalizador añade que "los hechos atribuidos a la inculpada (Cifuentes) conllevan a una grave falta al principio de probidad administrativa, toda vez que corresponden a una desidia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones, como también en las obligaciones que se le exigen, atingentes al cargo de director de Obras Municipales".

Lo anterior fue expuesto por los concejales René Vidal (PC) y Juan Eduardo Vera (UDI), quienes llamaron al alcalde Nelson Águila a acatar el fallo firmado por Patricia Arriagada, contralor general de la República (s).

"Este dictamen es la continuidad de un proceso de investigación que viene del año 2012 al municipio de Castro. Quiero señalar que el municipio haciendo todas las apelaciones respectivas del proceso por el cual estaba siendo investigado, el contralor general de la República tomó la determinación de ordenarle al alcalde Nelson Águila la destitución de la encargada del Departamento de Obras y la suspensión del empleo por dos meses del asesor jurídico", indicó Vera.

Sumó el edil gremialista que "el organismo contralor ha manifestado que la señora Cifuentes ha violado sistemáticamente la ley y la ha acusado de faltas graves a la probidad en el ejercicio del cargo para el cual fue encomendada".

Por su parte, Vidal sostuvo que "la autoridad municipal no está facultada para desconocer la existencia de las responsabilidades administrativas que ya han sido acreditadas y dispuestas por la ley".

Asimismo, el comunista recalcó que la exposición a la opinión pública de este dictamen obedece a su rol fiscalizador como concejales en ejercicio.

"No creo que tengan aquí otro argumento para no suspenderla (Cifuentes) de sus funciones. Esperamos que en el concejo (reunión de) del mes de septiembre la sanción ya esté ejecutada o en proceso de ejecución", acusó el concejal.

Al respecto, el alcalde Nelson Águila (DC) aseguró que no ha sido informado de la toma de razón de la Contraloría General de la República respecto al cese de funciones de la jefa de la DOM.

"No he recibido el documento, sé que había un sumario que aplicaba a más de un funcionario municipal por el tema de la construcción del mall, pero eso es absolutamente defendible, esto es solo una opinión de la Contraloría y nosotros la vamos a defender si es así", puntualizó.

Igualmente añadió que el municipio coordinará con los funcionarios de planta aludidos -la ingeniera y el abogado- las acciones para su defensa.

"María Luisa creo que ya está en conocimiento y vera también la forma en cómo defenderse con el apoyo nuestro, por supuesto; tiene todo el derecho a buscar los resquicios que hayan", manifestó el decé, agregando sentenciando Sottolichio también "tiene todo el derecho a defenderse, esto es solo una sugerencia de la Contraloría, pero en ningún caso una imposición".