Luis Contreras Villarroel

Una sentencia contundente por el fondo de la causa dictó la Corte Suprema al ordenar el pago de 73 millones de pesos para Fernando Pérez Guajardo, exfuncionario de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Quellón.

La resolución es el resultado de una causa de larga data emprendida en la justicia por el asistente social y exencargado de Salud Rural que se remonta al comienzo de la administración comunal del alcalde Cristian Ojeda (DC), en el 2013.

Pérez, quien a su vez era dirigente de una organización gremial, denunció en su momento hostigamiento político y prácticas antisindicales, lo que derivó en el inicio de las primeras acciones legales por tutelas laborales, las que ganaría en forma posterior en la justicia ordinaria. De ahí el asunto pasó a la Corte de Apelaciones y posteriormente al máximo tribunal.

Según lo explicado por la abogada demandante, Andrea Garrido, el fallo de la Suprema respondió a las acciones asumidas por el asistente social tras invocar la figura de autodespido a raíz de las condiciones laborales y económicas en que se desempeñaba en la entidad de educación pública y salud primaria que ostenta la calidad de organismo de derecho privado y sin fines de lucro.

"Hoy la causa se encuentra liquidada, la corporación tiene la obligación de pagar la suma de 73 millones 700 mil pesos a mi representado, más las costas, y en eso estamos en este minuto", subrayó la jurista.

Garrido argumentó que el último dictamen hacia la institución educacional contempla "20 millones por daño moral, el pago de todos los años de servicio con el tope legal, la indemnización sustitutiva del aviso previo y además contempla el feriado legal que se le debía".

La profesional rechazó de plano la propuesta de cancelación realizada por uno de los abogados asesores de la Corporación Municipal de Quellón en el sentido de saldar la deuda en cuotas en un plazo de 18 meses.

Adelantó la profesional que estudiará la forma en que invocará una posible orden de embargo en contra de la entidad sostenedora, toda vez que se encuentra expirado el plazo para cancelar la millonaria demanda.

"Yo estoy viendo qué voy a decidir hacer, estoy viendo qué es lo que voy a incautar, embargar, pero algo voy a hacer porque esto es un tema legal, es un derecho que tiene mi representado y es legítimo", acotó Garrido.

alcalde

El alcalde y presidente de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Quellón, Cristian Ojeda, se mostró tranquilo frente a un fallo que la institución chilota observaba como "posible".

El geógrafo expresó que la forma de pago de los millonarios recursos económicos será una materia que están tratando los abogados de la entidad condenada.

Sumó que "aquí hay que dejar en claro que el ahorro que tenemos son más de $30 millones de pesos de un cargo que fue inventado, un cargo de una coordinación que no existía, porque hay un director de todo el ámbito que es por concurso".

El decé añadió que "ganamos en algunas partes, se dictaminó en contra por otras situaciones de un aprovechamiento en un tema sindical para dejarlo con fuero justamente en un momento en que estábamos en juicio".

Ojeda calificó que "si sumas un cargo directivo de 2 millones 800 mil pesos y estar fuera más de tres años, son más de $30 millones de pesos, por lo tanto, existe un ahorro".

"Estoy viendo qué es lo que voy a incautar, embargar, pero algo voy a hacer porque esto es un tema legal".

Andrea Garrido,, abogada de Fernando Pérez."