Pedro Bárcena González

A fines de noviembre del 2012 ocurrió el primer llamado de alerta. Cerca del mediodía de ese caluroso domingo, Víctor Oróstica Garrido (28), quien fue detenido por un robo en una cabaña, aprovechó el escaso personal de resguardo en el Juzgado de Garantía de Castro para eludir la seguridad y escapar sin levantar la menor sospecha. Dos horas después fue recapturado por Carabineros.

Esta situación no solo generó un verdadero dolor de cabeza dentro de la institución penitenciaria, que a punta de indagatorias y sumarios salió adelante de este grave impasse. También quedó de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de protección de las salas judiciales.

Dentro de este marco se sucedieron las gestiones que llevaron a formar dentro de la provincia la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) y no depender del escaso recurso humano de las cárceles insulares y de destacamentos de Puerto Montt para estas tareas. Hasta ahí todo positivo. Las diligencias administrativas surtían efecto.

Sin embargo, con el avance de los meses quedó en evidencia la carga laboral y el escaso personal destinado para esta repartición dentro de Chiloé. Apenas son ocho los funcionarios encargados de todo este abanico de labores: seguridad en tribunales, traslado de imputados y condenados, como también resguardo en diligencias como reconstituciones de escena.

Tres de los efectivos están centrados en el trabajo en el Juzgado de Garantía de Ancud, mientras que los otros cinco deben arreglárselas para cubrir los tribunales garantes de Castro, Quinchao y Quellón. Además, está el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de la capital chilota que suma anualmente más de 50 juicios.

Cada año las audiencias se tornan más numerosas, considerando que en el Ministerio Público la temporada pasada tuvo más de ocho mil causas ingresadas en el Archipiélago y la judicialización de ellas está en franco ascenso.

Reforzamiento

Bajo este escenario, se torna urgente un reforzamiento de la USEP. Claramente, ocho efectivos no son suficientes para dar una cobertura eficaz. Y otros ejemplos reflejan este déficit.

A fines del mes pasado se registraron dos audiencias en el TOP de Castro en el cual el tema de seguridad en sala estuvo presente. Primero estaba programado el inicio del juicio por narcotráfico y asociación ilícita contra 11 acusados; el denominado "Caso Nenuco" salía a estrado. Pese a que se reagendó esta sesión, al momento de decretarse esta nueva fecha solo existía un gendarme para la custodia de los imputados y los eventuales asistentes a un juicio que se vislumbra complejo, más al tomar en cuenta que los inculpados arriesgan en total 205 años de cárcel.

Seguidamente se registró otro juicio, esta vez por violación impropia, en el cual dos jóvenes finalmente fueron condenados por su autoría en este delito. Ante la necesidad de resguardo, el encargado de la USEP en la audiencia sugirió no retirar los elementos de seguridad de los imputados, tal como lo habían solicitado sus defensores. Otra muestra de la delgada línea que existe en materia de seguridad en tribunales.

Con este cúmulo de antecedentes, desde diversas esferas involucradas en el sistema penal se ha solicitado potenciar esta unidad especializada. Es un tema que está en conocimiento de Gendarmería a nivel regional, organismo que se hace cargo de los problemas.

potenciar

De acuerdo a lo manifestado por el jefe operativo regional de la institución, teniente coronel Marcelo Abello, esta situación se ha analizado de manera recurrente.

"La intención es potenciar todas las unidades de la región, pero tenemos un déficit tremendo de personal. Por ello, sería vestir a un santo para desvestir a otro", asevera el oficial.

Asimismo, la fuente recalca que desde los juzgados les han solicitado cubrir de mejor manera las salas audiencia. Sin embargo, el escenario es complejo.

Como grafica el jefe penitenciario, una muestra de estos problemas se ve claramente en el Complejo Alto Bonito, donde afirma que existe un déficit de 110 funcionarios. "Solo la USEP de Puerto Montt tiene 50 efectivos", apunta el uniformado, enfatizando que este medio centenar es insuficiente.

No obstante al número bastante inferior que existe en la provincia, el comandante asegura que se necesita al menos otros funcionarios más para la jurisdicción insular.

"Vamos a hacer los esfuerzos. Lo más probable es sacar uno (gendarme) de la misma Isla para sumarse a esta unidad", aclara.

En este punto de inmediato surgen las dudas, ya que los integrantes de esta repartición tienen capacitaciones y entrenamiento especial, el cual se logra a través de cursos que se imparten a nivel nacional.

A pesar de esto y debido a la contingencia se toman estos caminos más cortos. Según Abello, "todos los trabajadores de Gendarmería están capacitados para el manejo con internos. Hay situaciones puntuales, específicas que la misma gente, los funcionarios más antiguos de las unidades especializadas van enseñando".

¿irregularidad?

Agrega que "no es ninguna irregularidad sacar a estos funcionarios de las cárceles locales. Es más, esta unidad (USEP) de Chiloé se sacó de las mismas unidades de la provincia".

Tampoco se puede confiar en que la promoción de gendarmes que egrese este año pueda paliar los requerimientos de personal.

"A fin de año esperamos que nos envíen personal, pero igual es difícil porque el contingente de egreso no es masivo. Salen alrededor de 200, a diferencia de los más de mil que salían hace unos tres o cuatro años", manifiesta el uniformado.

Pero la situación pudo ser más crítica, ya que desde las mismas altas esferas de la institución se analizó la opción de eliminar las unidades de servicios especiales más pequeñas, como la chilota. La alternativa era remitir desde la capital regional a los gendarmes para cubrir determinadas las audiencias y otras diligencias.

Sin embargo, el jefe operativo desechó esta opción. "No soy de la postura de hacer esto, sino que de potenciar estas unidades. Me interesa que los gendarmes estén bien", concluye.

De esta forma transcurren los vaivenes con respecto a estos servicios que solo son muestra de las carencias que vive la institución. Una serie de dificultes que es evidente y todos los actores del sistema detectan.

fiscalía

El fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, no duda en señalar que este es "un tema preocupante para nosotros". Más allá de que no hayan tenido dificultades operativas, reconoce que esto se debe al "esfuerzo particular" que realizan los integrantes de esta unidad.

En materias de seguridad, el representante del Ministerio Público resalta que "hasta ahora acá no ha ocurrido nada, porque estamos en una zona que no tiene los problemas de seguridad de otras ciudades, donde se han visto agresiones a los jueces, a los fiscales. Pero como asociación gremial, nos preocupa la seguridad de los fiscales, las agresiones verbales y físicas se han repetido y aumentado".

No quieren que se repita esto en el Archipiélago y para ello deben existir medidas. Se han implementado salas con vidrios, pero no existen en todos los tribunales de la provincia. Además, se ha recurrido al apoyo de Carabineros en algunas causas de mayor impacto social y mediático, pero como acota el abogado, la policía uniformada también vive los mismos problemas de recurso humano.

El fiscal reconoce que el personal de la USEP está "sobreexigido" con la carga laboral, "pero existe una excelente voluntad de todos los funcionarios para cumplir con sus labores". Nuevamente, la eficiencia del trabajo queda supeditada al esfuerzo y empeño de pocos. Una realidad que en Chiloé está en todas partes.