Pedro Bárcena González

Igual que el fondo del caso. Complejo y extenso será el cierre procesal del mortal accidente que afectó a un trabajador en Chonchi. A casi 50 meses de ocurrida la tragedia se fijó la numerosa prueba que los intervinientes expondrán para determinar la responsabilidad del bombero sindicado como autor del cuasidelito de homicidio.

Luis Márquez Quelincoy (45) falleció arrollado por un vehículo después de salir de una discoteca emplazada en el ingreso a la 'Ciudad de los Tres Pisos'. Desde esa fatídica jornada del 28 de julio del 2012, la causa ha transitado desde eventuales cierres, reformalizaciones y acusaciones a policías por alterar el sitio del suceso.

Gracias al esfuerzo realizado por María Márquez, hermana de la víctima, y especialmente las gestiones de Francisco Segovia, cuñado del occiso, el hecho no quedó en la impunidad. No solo evidenciaron las falencias de Carabineros al momento de abordar el procedimiento, sino también trabajaron para potenciar la indagatoria.

Tal como enumeró en su momento el vecino, dentro del abanico de irregularidades se cuenta que el fatal atropello fue notificado inicialmente como un hallazgo de cadáver, no se practicó la alcoholemia al conductor del auto involucrado, tampoco se informó sobre este vehículo sospechoso y los cuatro testigos presenciales.

"Más encima los carabineros alteraron el lugar, movieron evidencia. Fueron muchas las falencias que afectaron el caso. Se intentó ocultar la verdad. Sin embargo, luchamos para que esto no quedara así y avanzara la investigación. Ahora ya estamos en la parte final y esperamos encontrar justicia", acotó Segovia.

Audiencia

Dentro de esta fase decisiva se desarrolló recientemente la preparación del juicio simplificado en el Juzgado de Garantía de Castro, donde el fiscal Enrique Canales introdujo su base probatoria, centrada en 28 testigos y cuatro peritos, más cerca de una veintena de informes policiales, periciales, oficios, certificados y sets fotográficos.

El propio persecutor calificó como "poco habitual" toda esta voluminosa evidencia para un juicio en sede de Garantía, el cual se extendería por varios días. Además, confirmó que solicitarán 540 días de presidio contra el imputado de iniciales P.M.S.

"Se trata de un cuasidelito. Por modificatorias no corresponde la pena más alta -le beneficia al joven la irreprochable conducta anterior y no existen agravantes-, de acuerdo a las reglas nos quedamos en el presidio en grado mínimo, solicitando lo más alto dentro de este margen", explicó el abogado.

Asimismo, la fuente enfatizó que el conductor "no estaba atento a las circunstancias del tránsito, atropelló a la víctima y le causó la muerte. Existe abundante prueba que confirma esto", más allá de la teoría de la defensa que es opuesta y buscará ser sostenida en el simplificado que se programó para el 12 de diciembre.

Así lo especificó el defensor Claudio Herrera, quien aclaró que el Ministerio Público dentro de su "compleja y exhaustiva" indagatoria, como la calificó, no logró hallar los elementos de convicción para establecer la participación del imputado.

"No existe ningún antecedente que demuestre que él intervino en la muerte del ofendido. Es así que, sumado a la ausencia de testigos presenciales de los mismos, resulta no de menor relevancia que los elementos materiales encontrados en el sitio del suceso no solo son ajenos al vehículo que conducía mi cliente, sino que además este no presentaba elementos que pudieren permitir sostener la intervención del mismo en los hechos", apuntó el profesional.

Agregó el jurista que en el auto del bombero no se hallaron restos orgánicos y daños producto del atropello. Además, expresó que la zona del impacto a la víctima sería otra, justo frente a una estación de combustible, donde se encontraron restos orgánicos y un zapato del fallecido.

540 días de presidio invoca la Fiscalía contra el acusado.

18 testigos y 3 peritos fueron fijados por la defensa.

Con el objeto de potenciar la reinserción laboral de los reclusos, el municipio de Ancud firmó un convenio con Gendarmería para capacitar a los condenados que cumplen en libertad sus penas y así iniciar un programa de intermediación laboral en el sistema abierto.

Según la encargada del Centro de Reinserción Social (CRS) de Castro, María Olga Moreno, la iniciativa "permite apoyar la reinserción social y laboral, especialmente de los usuarios que residen en Ancud. Es un hecho importante, porque es el primer convenio de colaboración en el componente de capacitación que tenemos firmado en Chiloé".

Valoran proyecto que aumenta penas para el soborno y cohecho

"Todos deben sentir la mano firme de la justicia", señaló el senador por la zona, Rabindranath Quinteros, después de la aprobación en la Cámara Alta del proyecto de ley que aumenta las penas para los delitos de soborno y cohecho.

El legislador del PS aclaró que actualmente las penas para estos ilícitos son demasiado bajas y se necesita aumentarlas en sintonía con la gravedad que han adquirido y el efecto que provocan en la sociedad, pues afectan la confianza y el orden institucional.