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Revelan modus operandi de imputados por narcotráfico

Cinco sujetos fueron formalizados ayer, tres de ellos quedaron en prisión preventiva y dos mujeres con arresto domiciliario nocturno. Diligencias del OS-7 incluyeron interceptaciones telefónicas y seguimiento a los implicados.
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Eduardo Burgos Sepúlveda

Privados de libertad de manera total y parcial quedaron los cinco implicados en la investigación contra una supuesta banda que traficaba drogas en el centro de la provincia. Los imputados, incluyendo una funcionaria del Hospital de Castro, ayer fueron formalizados en el Juzgado de Garantía castreño.

El fiscal a cargo, Enrique Canales, señaló que dos varones de la organización habrían estado vinculados desde el 2015 en la comercialización de estupefacientes entre consumidores y adictos de la capital chilota.

Agregó el persecutor que "adquirían la sustancia sujeta al control de la ley 20 mil, para luego acopiarla en distintos domicilios que mantenían en la comuna y luego se dedicaban a distribuirla, previo concierto de la venta y traficarla con la utilización de vehículos para su traslado a los puntos de entrega y venta".

De acuerdo al abogado, la actividad de ambos imputados sería de conocimiento de sus familiares más cercanos, dentro de ellos la conviviente de F.A.V.G. (alias el "Feña"), quien también fue encausada, al igual que la abuela de este, de 71 años, también investigada por el ilícito. De hecho, en el domicilio de la pareja se hallaron sendas bolsas con 186, 298 y 300 gramos de marihuana prensada, y en la vivienda de la anciana, otras dos bolsas con 129,4 gramos de clorhidrato de cocaína. Por dichos antecedentes fueron encausados por tráfico de drogas.

Por otro lado, en la vivienda del otro implicado en el caso (C.A.G.B.) se encontraron 716 gramos de Cannabis sativa del tipo prensada y 21,2 gramos netos de clorhidrato de cocaína. "Todas estas drogas estaban destinadas para posterior venta a adictos y consumidores de Castro y sus alrededores", advirtió Canales.

Finalmente, el jurista indicó que este último imputado, supuestamente de acuerdo con la mujer individualizada como P.A.A.T. (administrativa del hospital), mantenía un invernadero en la casa de la joven con 33 plantas de cannabis, por lo que ambos fueron formalizados por plantación de especies ilícitas.

Códigos

En la audiencia el fiscal Canales expuso parte del supuesto modus operandi del grupo. Entre otros detalles, reveló algunos códigos encriptados mediante los cuales se habrían comunicado vía telefónica para cometer el delito.

"Se realizaron vigilancias discretas, hay fotografías de los inmuebles, de los números de sus casas, se logró detectar números de teléfonos, respecto de los cuales se solicitó interceptaciones, de las que están sus transcripciones", comentó el fiscal, advirtiendo que "llama la atención la nomenclatura, donde hablan de palos de leña, refiriéndose a cannabis".

Otra diligencia realizada para fundamentar la formalización fue el levantamiento del secreto bancario de los bienes de los imputados, donde Canales indicó que llamaba la atención que en el grupo existían tres vehículos y que "si bien el informe patrimonial se encuentra pendiente, lo cierto es que los movimientos bancarios no dan cuenta, a lo menos de manera preliminar, de ningún tipo de ingreso lícito que justifique el estándar de vida y la compra de los vehículos".

Añadió la fuente que "esto da fuerza a la idea que estas personas se dedicaban derechamente al tráfico de estupefacientes". Uno de esos vehículos fue regalado por el "Feña" a su pareja y otro comprado a medias.

Cautelares

En la audiencia se decretó prisión preventiva para los varones identificados con las iniciales C.A.G.B. y F.A.V.G. (quien ya en el 2013 tenía una condena por tráfico en pequeñas cantidades) y la joven I.A.M.C., por presentar, de acuerdo a la magistrado, un peligro para la sociedad y para el desarrollo de la investigación.

Por su parte, las mujeres E.D.C.P.A. y P.A.A.T. fueron dejadas bajo arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y firma mensual en el Juzgado de Garantía local, mientras dure la indagatoria, que inicialmente tiene un plazo de 90 días.

Respecto de la última imputada, su defensor penal, Filippo Corvalán, se opuso a su arresto domiciliario parcial, argumentando la irreprochable conducta anterior de su representada, la colaboración en la investigación y que "si bien las plantas que se hallaron en una bodega estaban en su domicilio, el conocimiento que ella tenía era que se trataba de menor cantidad" y que estas se ocuparían para "terapia de una pariente del imputado (F.A.V.G.)".

El fiscal Canales señaló que restan varias diligencias, no solo de peritajes a las sustancias incautadas, sino que también en lo que respecta al origen de estas.

"El encontrar la droga como ladrillo prensado no es propio de este lugar, porque es difícil traerla desde las zonas de ingreso de esta droga", recalcó, advirtiendo que este antecedente supondría que se trataría de una organización con un grado mayor de complejidad, lo cual sería uno de los principales motivos por los cuales se debería mantener a los imputados en privación de libertad y prevenir alertar a eventuales proveedores.

"El encontrar la droga como ladrillo prensado no es propio de este lugar".

Enrique Canales,, fisca de la causa."

Interceptaciones

El defensor Juan Manuel Castro, se opuso a la privación de libertad de los dos imputados y la pareja de uno de ellos, indicando que "en las intercepciones telefónicas, con excepción de las últimas del 14 de septiembre, no queda claro ni se refieren al tráfico de drogas, sino que son todas interpretaciones subjetivas e interesadas del Ministerio Público, en base a conversaciones que están sacadas de contexto".

1.780 gramos de drogas fueron incautados por el OS-7 de Carabineros de Puerto Montt.