Pescadores exigen que la justicia aclare la contaminación del mar
Dicen estar conscientes de que el proceso será largo de las querellas interpuestas en Valdivia por la crisis de la marea roja, pero aseveran confiar en que se les dará la razón. Además, esperan indemnizaciones por el vertido de salmones.
Mientras aún se ventilan acciones judiciales en el Tribunal Ambiental de Valdivia para investigar el vertimiento de toneladas de salmones en descomposición en la Región de Los Lagos, persiste el sentimiento en los hombres de mar de acusar directamente el que este producto provocó la gran contaminación a los mariscos que extraían a diario y que desde hace meses no han podido sacar, generando cesantía y descontento en Chiloé.
Y aún más, creció la sospecha, luego que la organización ambientalista Greenpeace diera a conocer a los artesanales el resultado del estudio respectivo que realizó entre mayo y agosto de este año. En la ocasión se reveló que si bien la evidencia permite afirmar que la zona ya estaba afectada por el bloom de algas, la autorización por parte del Gobierno de verter en el mar casi 5 mil toneladas de salmones muertos desencadenó la crisis social, económica y ambiental en la provincia.
En el mismo documento se indica que fue una medida de la autoridad tomada apresuradamente, desconociendo la regulación nacional y violando los compromisos internacionales sobre la materia.
Ya han pasado algunos meses y los pescadores siguen con problemas económicos y laborales, a pesar de los bonos y empleos de media jornada en Programas de Mejoramiento Urbanos (PMU) entregados por el Gobierno.
Dudas
Sin embargo, los hombres de mar tienen sus "dudas" sobre si las acciones judiciales interpuestas en el último tiempo tendrán resultados positivos.
Para la abogada Orietta Llauca, quien presentó querellas en contra de las salmoneras por el vertimiento de estos productos descompuestos y que habrían afectados no solo el mar interior de Chiloé, sino a las comunas de Calbuco y Carelmapu, las acciones judiciales siguen su curso normal y se encuentra bastante optimista frente al dictamen que podrían entregar el Tribunal Ambiental de Valdivia.
"Este es un caso en que debe aplicarse el derecho, como se le aplican a todos aquí en el territorio nacional y estamos trabajando para que se desarrollen todos los procesos que estamos solicitando. No ha sido fácil, pero todavía me queda una pequeña cuota de confianza en el sistema judicial y sigo con la esperanza de que tengamos en un corto tiempo formalizados por el delito que contempla el artículo 291 del Código Penal", explicó.
La profesional agregó en este sentido que espera formalizar a los representantes de las salmoneras y funcionarios públicos que, según ella, habrían sido "cómplices" del delito de contaminación del medio ambiente en este caso del mar y que habrían causado una grave amenaza a la vida humana, animal, vegetal y el medio ambiente, elementos que es lo que demanda la norma para que se configure el ilícito.
"Yo espero sinceramente que la Fiscalía formalice a los altos representantes de la salmonera que son los que toman las decisiones y no se corte por el hilo más delgado. Asimismo, espero que se formalicen a funcionarios de alto rango que son los que toman decisiones y no a funcionarios que se dedican a recibir órdenes", sentenció la profesional.
Pesimismo
Estas denuncias son de largo aliento y por lo general la comunidad, en este caso los pescadores, pierden la paciencia y confianza en que las presentaciones lleguen a buen puerto. La abogada querellante reconoce que existe cierto pesimismo, pero que debe abstraerse para poder avanzar en el trabajo, ya que la ley establece plazos de indagación que podrían llegar a los dos años, según lo señala el Código Procesal Penal.
"Recién estamos investigando, comenzamos en mayo y los avances han sido bastante positivos, pero aún no logramos tener una conclusión; como toda investigación es lenta, pero hay que saber esperar y el resultado que se vaya a obtener se dará a conocer a la opinión pública de la misma forma que se dieron a conocer las querellas. Esta acción judicial busca que se sancione a los responsables de este delito que se cometió, pero a su vez con otras organizaciones que se está conversando hace 15 días para ya ejercer las acciones civiles que buscan la reparación del medio ambiente, pero a la vez busca la reparación económica a las personas afectadas", puntualizó Llauca.
Dirigentes
En este tenor dirigentes de los artesanales llaman a sus bases a confiar y seguir dando la pelea. Es el caso de Rubén García, presidente de la Federación de Buzos Mariscadores Caleuche de Ancud, quien dice tener "esperanza" de obtener un buen resultado en las acciones judiciales.
"El Estado chileno nos pide garantizar la inocuidad de nuestras aguas de acuerdo al protocolo firmado con la Comunidad Económica Europea y resulta que todas las grandes imposiciones son para los pescadores artesanales y no así para el empresariado. Por lo tanto, nosotros estamos con un beneplácito muy grande y esperanzador mirando que es lo que acontece dentro del Poder Judicial por estas causas", aseveró.
Añadió el vocero que su agrupación también está preparando una acción legal por daños y perjuicios contra el Estado, porque "alguien debe asumir todo el daño que se ha hecho en la pesca artesanal y al turismo de la zona por los vertimientos de pescados podridos a 75 millas náuticas al norte de Faro Corona", lamentó.
"Quiero decirle a mis compañeros (pescadores) que tenemos que tener fe, los juicios son largos y se demoran entre cuatro a seis años, pero para eso tenemos que tener buenos gladiadores (…) y que realmente estén dispuestos a defender las diferentes causas que los pescadores artesanales o la Municipalidad de Ancud ha tenido bien interponer, pero desgraciadamente no son de corte rápido todos estos juicios, por lo tanto tenemos que tener fe hasta lo que se ha logrado", mencionó.
Añadió García que el vertimiento de los salmones y otros aditivos puestos a los pescados para eliminar el acido sulfhídrico, sustancia química letal y que es incolora, confabuló para que se produjera una proliferación de microalgas que no se conocía aún.
"Hasta el momento son más de 200 especies de microalgas que no han sido estudiadas por ningún ente de carácter científico de Chile. Eso es una situación grave y el Estado chileno tenía que haberlo previsto que había índice de este grave flagelo que está afectando y no permite trabajar a todos los pescadores artesanales", subrayó el líder gremial.
mesa
Para Pablo Oyarzo, presidente la Mesa de la Marea Roja de Ancud, las querellas en contra de quienes resulten responsables por la contaminación debieran tener buen resultado, porque se requiere con urgencia conocer cuánto es el daño que se le hizo a las costas chilotas y, por ende, el daño económico a los pescadores y sus familias.
"Yo creo que todas las posibilidades que puedan haber se van a tomar. Tenemos que creer un poco en la justicia y tenemos que saber qué hacer. No cerramos los ojos y creemos que la contaminación fue porque botaron peces con aditivos que no eran correspondientes al mar y eran supercontaminantes", sostuvo el isleño.
Sumó el timonel de la instancia que no se atreve a opinar sobre las posibles reparaciones si se comprueba que el vertimiento de los salmones tuvo que ver con el efecto de marea roja y la contaminación de los mariscos. Eso sí, Oyarzo reconoce que estas acciones legales son de largo aliento, pero que se debe tener confianza que tendrán un resultado positivo.
"Lo que sé es que años atrás que en el canal de Moraleda se derramó petróleo y la empresa tuvo que indemnizar a la gente que trabajaba en esos lugares, fue gente de Quellón y de otros lugares alrededor del canal, eso fue en dinero. Ahora, aquí tenemos que asesorarnos bien y si fuera indemnización en dinero creo que sería correspondiente porque todo lo que se ha pasado", sentenció el líder de la mesa ancuditana.