Pedro Bárcena González

Revuelo causó la información entregada por el exjefe del programa Denuncia Seguro, perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que vincula a una exfuncionaria de este organismo a una red de narcotráfico que operaba en Castro. Es más, el profesional acusó a altos personeros del Ministerio del Interior de ocultar estos antecedentes, reflejando actos, a lo menos, de falta de probidad y corrupción.

Rodrigo Rettig se desempeñó hasta mayo de este año en la testera de este programa, relacionado a la recepción de notificaciones anónimas sobre delitos, destacando su impacto en casos de tráfico. Justamente, el abogado reveló a El Ciudadano que una operadora del call center de ese entonces "enviaba registros fotográficos a través de WhatsApp sobre eventuales denuncias en contra de los presuntos involucrados" en la banda.

Datos

A los menos ocho denuncios habían llegado al nivel 600 400 01 01 sobre este supuesto grupo dedicado a comercializar cocaína y pasta base en el centro de la Isla, hasta que el 1 de diciembre pasado Rettig verifica el ingreso de un nuevo llamado, que deriva en esta práctica irregular.

"No me consta el interés que tendría esta persona o cuál era el motivo que la llevaría a enviar esos pantallazos, ya sea por pertenecer a la banda o quizás por un tema de amistad con alguna persona que haya sido denunciada", indicó al medio.

Asimismo, el profesional recalcó que el Gobierno tuvo antecedentes de estas "filtraciones" y pese a las gestiones, denuncias y reclamos que realizó por un hecho calificado como "grave", no tuvo mayor respuesta y menos sanción.

Tras ello, el abogado constata un nuevo llamado en que se vincula a esta funcionaria con esta red de drogas. Fue en febrero del 2016 cuando "se entregaban más antecedentes sobre esta presunta banda y se reiteraba que el funcionario había mandado el pantallazo", aclaró la fuente. Y en esa ocasión, sí se decide denunciar, pero a pesar que se tramitó su expulsión, la trabajadora fue reintegrada.

El jefe de Denuncia Seguro de ese entonces acusó esta situación en esferas más altas del Ministerio del Interior, pero tampoco tuvo mayor reciprocidad. Así, las confianzas se esfumaron y junto a otros problemas, el abogado terminó renunciando, no sin antes informar el caso a Contraloría y el Ministerio Público.

Pesquisas

Al referirse los datos a esta presunta agrupación de tráfico de drogas en Chiloé, el caso comenzó a ser indagado por la Fiscalía de Castro. Así lo confirmó el jefe de este organismo, Enrique Canales, aclarando que existen dos aristas por las cuales se iniciaron las pesquisas.

La fiscal especialista en casos de drogas, Karen Rosas, fue destinada a comandar estas pericias, ya sea por descifrar las responsabilidades de esta banda delictiva, como también en la presunta obstrucción en la investigación de esta funcionaria del Denuncia Seguro.

Como explicó Canales, "originalmente se indagó a fines del año pasado una denuncia -remitida a este programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito-, la cual no se puede chequear el tener origen anónimo. Con estos datos sin sustento tenemos que realizar diligencias que nos permitan encontrar elementos de sustento, acá se hizo y se dio orden al grupo Microtráfico Cero de la Bicrim que evacuó un informe sin resultados positivos".

Al mismo tiempo, se está trabajando en la supuesta obstrucción a la investigación, "relacionada a una funcionaria de Interior que habría tenido acceso a estas denuncias anónimas y en conocimiento de las personas indagadas les habría transferido información", acotó el persecutor.

Al ocurrir esta situación en Santiago, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte también está desarrollando una investigación, paralela de las pericias en la Isla Grande.

"Policía experta ajena a la región se encuentra recopilando antecedentes, ya que se han mencionado a diversas personas en conocimiento de esta supuesta red de drogas, por lo que nos interesa recabar toda la información pertinente", recalcó Enrique Canales.

Protocolo

En tanto, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito informaron que "se siguió el protocolo establecido para este tipo de casos" contra la funcionaria denunciada.

Eso sí, recalcaron que la investigación en curso, "debe partir siempre del principio de presunción de inocencia", ello considerando que no existe ninguna prueba concreta en su contra, "solo las llamadas telefónicas anónimas". Bajo este escenario, "se optó por no validar el despido inicial de esta funcionaria, a la espera de recabar más antecedentes".

Con los datos ya recopilados, "se decidió finalizar su contrato a honorarios y enviar los antecedentes al Ministerio Público", indicaron.

Asimismo, la respuesta de la subsecretaría es enfática en señalar que "desmentimos categóricamente que la funcionaria haya recibido un trato especial por razones políticas. Es más, como norma general en el servicio público, cuando un funcionario recibe una acusación de esta gravedad y existen antecedentes relevantes del hecho, se opta por apartarlo de sus funciones a la espera de que culmine la investigación judicial. Por el contrario, en esta ocasión se decidió desvincular a esta persona sin esperar la resolución judicial".

"Policía experta ajena a la región se encuentra recopilando antecedentes en este caso".

Enrique Canales,, fiscal jefe de Castro."