Los cuestionamientos por la masiva libertad de delincuentes peligrosos, en especial quienes atentaron sexualmente contra menores de edad tienen su fondo en el daño que puede provocar su presencia en las mismas víctimas.

Una experta que conoce de raíz esta materia es Marta Andrade, directora del Programa de Reparación en Maltrato (PRM) de Castro, quien desde el 2003 ha liderado esta iniciativa, hoy bajo el alero de la Fundación Ciudad del Niño, enfatizando el impacto que puede tener este escenario.

"Los agresores al salir en libertad pueden volver a sus contextos, existe la probabilidad que tomen contacto con los niños víctima, lo que afecta su estado emocional, la situación familiar. Si el menor está siendo sometido a un proceso terapéutico se verá afectado este, incluso se pueden ver retrocesos en los logros, las confianzas que han ganado", aclaró la asistente social.

Un tema primordial es la seguridad de los infantes. Y estos programas trabajan en esto, en la protección de los niños. Este elemento es avalado con el hecho que la figura del agresor no está cerca de los pequeños y con la reparación jurídica, relacionada a que el agresor esté preso. "Para los niños esta es una sanción y significa que el sistema judicial les creyó y los protege. Entonces, ¿cómo le explicamos a ellos que su agresor está libre? Ahí se pueden cuestionar que el sistema no los protege", apuntó Andrade.

La profesional agregó que bajo este contexto se crea una situación compleja. "Al estar en libertad los agresores los niños pueden estar en situación de riesgo, directo por la presencia de estas personas o por la intimidación que esto provoca", acotó.

Por ahora, los encargados de los programas de reparación están reuniendo mayores antecedentes de los casos en que se dieron las libertades condicionales, para determinar si las víctimas fueron o están en intervención. De esta forma, activarían la red de protección, que pudiese incluir nuevas medidas con el apoyo de los tribunales de familia.

303 niños son atendidos por los programas de reparación en maltrato en Chiloé.

24 años puede extenderse la permanencia para el tratamiento de las víctimas de ultrajes.