Cada vez más comunes se han tornado las detenciones ciudadanas en el país y Castro no es la excepción. Al menos tres casos se han registrado en las últimas semanas, siendo la última la captura ocurrida recientemente en las cercanías de la costanera, donde peatones redujeron a un delincuente que asaltó a una mujer a la salida de la sucursal de ServiEstado.

La víctima sufrió la sustracción de su cartera en un forcejeo con el imputado identificado con las iniciales M.L.P.C., quien emprendió su fuga con rumbo al sector prontuario. Sin embargo, a pocos metros del sitio del suceso fue interceptado por vecinos, quienes incluso lo amarraron antes de entregarlo a Carabineros de la Segunda Comisaría local que abordó el procedimiento posterior.

El joven, como recalcó el fiscal de turno Javier Calisto, fue formalizado por el delito de robo con violencia, "debido a que la afectada resultó con lesiones en su mano producto de la fuerza empleada en la sustracción de la especie", acotó.

Cautelar

Ante los antecedentes delictivos que posee el antisocial con domicilio en Panguipulli, la gravedad del delito y la pena asignada al mismo, como también por el riesgo que significa su libertad para la seguridad de la víctima y la sociedad, el persecutor solicitó la prisión preventiva.

La magistrado Alejandra Varas acogió la cautelar y determinó un plazo indagatorio de 45 días.

No obstante, ayer el defensor Filippó Corvalán recurrió a esta medida ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt con el objeto de rebajar la intensidad de la misma.

El abogado enfatizó que la precautoria es desproporcionada, cuestionando también la figura por la cual se encausó a su representado.

"Estimamos que no se trata de un robo con violencia. Por un lado, la propia víctima indica que el imputado irrumpió de manera sorpresiva, lo que sustenta la tesis de un robo por sorpresa. Por otra parte, la lesiones de la ofendida son provocadas al retener su bolso, no porque el imputado haya ejercido fuerza sobre ella", concluyó el profesional.

Pedro Bárcena González

La prueba científica puso su parte y el relato de la víctima la rúbrica. Estas fueron las claves para acreditar la responsabilidad de un panadero en los constantes ataques sexuales contra un niñito. Desde que tenía apenas 5 años se extendió la pesadilla contra el menor, en los momentos en que visitaba la casa de abuela en Castro.

En el Tribunal Oral en lo Penal de la capital chilota se realizó el juicio que llevó a un veredicto condenatorio contra el isleño de iniciales L.A.L.L. (48) por los delitos continuados de violación y abuso sexual impropio, entre los años 2010 y febrero del 2014.

Tal como explicó el fiscal de la causa, Javier Calisto, la relación de amistad que tenía el acusado con la familia del pequeño posibilitó su acercamiento y posterior arremetida para consumar sus aberrantes intenciones. "Esta persona había tomado pensión en la casa de la abuela de crianza del niño, lo que le dio la opción para cometer los hechos", aclaró.

Inicios

Tantas fueron las instancias de violencia sexual que no pudo eludir el infante que terminó por explotar y revelar su calvario. Esto permitió el inicio de la indagatoria que tuvo en las diligencias de la Policía de Investigaciones de Castro un aporte valioso para determinar la dinámica de las agresiones. A ello se sumaron los exámenes científicos que ratificaron la existencia de los delitos.

Toda esta prueba fue expuesta en el juicio oral que terminó ayer y que se extendió por dos jornadas, la cual fue complementada por la evidencia testimonial. Justamente, la experiencia del menor expuesta en la sala especial del tribunal sustentó la convicción condenatoria de los sentenciadores.

"Hay que destacar la valentía del menor, quien declaró con claridad lo que sucedió", manifestó Calisto, quien también valoró los antecedentes vertidos por los profesionales del Programa de Reparación en Maltrato (PRM) de Castro, "ya que permitieron establecer el daño sufrido por el menor. Incluso, hasta el día de hoy se encuentra bajo tratamiento", apuntó.

La extensión del mal causado es uno de los principales elementos jurídicos esbozados por el representante del Ministerio Público para argumentar su solicitud de pena, que se centra en 12 años de cárcel por la violación impropia y otros 7 años por el abuso sexual infantil. El mismo quántum que invocó en su acusación, la cual se refería a delitos reiterados, lo que no fue acogido por los jueces.

"Por el daño que se le causó a la víctima pedimos que no se aplique el grado inferior de la pena. Bajo este contexto, mantuvimos nuestra pretensión de pena", aseveró el jurista.

Por su parte, el defensor Nelson Troncoso, quien había postulado la absolución inicial para su representado, "ya que la prueba no era suficiente para acreditar su participación en los ilícitos", como indicó, también expuso que la sentencia debiera marcar una rebaja en al menos un grado de la sanción.

Para configurar este escenario, el abogado solicitó el concurso de dos atenuantes de responsabilidad: la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial en la indagatoria.

Quántum

De ser acogidas estas aminorantes, el profesional invocó 541 días de presidio por el abuso sexual y 3 años y un día por la violación.

"Además, planteamos en la audiencia el abono del tiempo en que ha permanecido privado de libertad, total y parcialmente, mi cliente por esta causa", acotó sobre un requerimiento que quedará establecido en la lectura de sentencia, programada para este martes 8 en la misma sala del sector alto castreño.