15 años y un día de internación en un establecimiento siquiátrico solicitará el fiscal Enrique Canales contra el joven que mató a su padre a hachazos a fines de enero del 2015 en el sector de Cancha Rayada en Castro.

Tras finalizar la indagatoria quedó fijada para el 30 de este mes la audiencia de requerimiento de medidas de seguridad para el acusado de iniciales C.H.N.H. (39), quien al poseer antecedentes de esquizofrenia es inimputadable ante la ley.

Tal como explicó el persecutor, en la sesión judicial se invocará la medida de supervisión médica para la persona que presenta una afectación mental. "El sistema obliga a ejercer estas acciones de control, considerando que se trata de un delito grave, en el cual el joven resulta peligroso para otros, como también para sí mismo", aclaró.

El quántum solicitado equivale a la pena privativa de libertad que hubiese arriesgado el castreño si fuese imputable, considerando la gravosidad del ilícito y el hecho que lo favorece la atenuante de irreprochable conducta anterior.

Asimismo, el abogado indicó que también debe analizarse "la disponibilidad de cama en el recinto que se asigne, la cual no existe en la zona". Por el momento, el joven permanece en el Servicio de Siquiatría del Hospital Base de Puerto Montt.

Su defensor, Mauricio Díaz, manifestó que durante la audiencia de fin de mes buscará que se imponga una medida de seguridad que implique menor tiempo de internación.

Tras aceptar los antecedentes de la acusación, dos sujetos fueron condenados por su responsabilidad en un feroz asalto contra un taxista en la comuna de Puqueldón. Gracias a colaborar con la indagatoria de esta causa, lograron evitar una pena mayor, aunque uno de ellos no pudo eludir los barrotes.

En el Juzgado de Garantía de Castro se realizó recientemente la audiencia de procedimiento abreviado, en la cual se acreditó la responsabilidad de los imputados de iniciales J.A.G.C. y C.H.C.N. en el delito de robo con violencia, en perjuicio de un transportista.

El atraco se produjo a comienzos de julio en el sector rural de Detif, donde la víctima trasladó a tres desconocidos en una carrera que tuvo un drástico desenlace. Según datos de la causa, en los alrededores de la playa del lugar, el taxista fue golpeado y sufrió la sustracción de su teléfono celular, 70 mil pesos y otras especies.

Tras la denuncia interpuesta en Carabineros se desarrolló la indagatoria que permitió imputar a dos adultos y un menor, participación en este inusual delito para la realidad criminógena de la isla Lemuy.

Ante el peso de la evidencia reunida por el fiscal Enrique Canales, en especial por el testimonio de la víctima y otras pesquisas policiales y materiales, se logró sostener una acusación contra los jóvenes, reconociendo los adultos su autoría.

Penas

Así lo explicó su defensor, Filippo Corvalán, sumando que bajo este escenario "se pudo llegar a un procedimiento abreviado en el que se decretó una pena de 3 años y un día de presidio para ambos".

Mientras J.A.G.C. deberá cumplir la sentencia de manera efectiva en la cárcel por mantener antecedentes penales anteriores, su compañero de fechoría fue beneficiado con la libertad vigilada.

Pedro Bárcena González

En una nueva arista de la movilización de los funcionarios públicos, pero siempre bajo la misma consigna de la búsqueda de un reajuste salarial satisfactorio, el mediodía de ayer se sumaron los trabajadores del Poder Judicial de la capital chilota. Por una hora "alteraron" sus labores para manifestarse, sin dejar de realizar audiencias o atender al púbico.

A las afueras del edificio que alberga al Juzgado de Garantía y al Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Castro se reunieron cerca de una veintena de trabajadores, incluyendo a cuatro magistradas que con pancartas y globos negros dieron cuenta de su posición en pos de un acercamiento con el Gobierno.

De acuerdo a lo manifestado por la jueza Angélica Monsalve, del segundo de los recintos penales, durante este movimiento "no llegamos a suspender juicios ni audiencias. Y no solo nos sumamos estos dos tribunales, sino también Letras y Trabajo".

En plena manifestación llegó un usuario, sorprendido con estas acciones. "Vengo a firmar", recalcó, pero al segundo se retiró. Lo que no supo es que las atenciones no se paralizaron, como explicó el administrador de Garantía, Héctor Córdova, sumando que en pleno despliegue de lienzos y cánticos también estaban gestionando trámites al interior del establecimiento.

La actividad coincidió con otras iniciativas que se realizaron en la capital regional, donde se encuentran las vocerías oficiales de los operadores de Justicia, quienes no descartan efectuar otras manifestaciones.

Atención

Como agregó la magistrado Angélica Monsalve, "estamos atentos a lo que se resuelva en la bases" como para realizar otros actos, enfatizando que ya habían realizado hace poco más de una semana un primer llamado de atención.

En pleno desarrollo de la movilización se sumaron los fiscales Javier Calisto y Karen Rosas. "Todos somos funcionarios públicos y esperamos que se llegue a un acuerdo", indicó el abogado, a lo que agregó su colega que "estamos participando bajo la misma premisa, que es un reajuste digno".

Tal como sucedió con los tribunales, en el organismo persecutor las atenciones continuaron de manera normal, como lo aseguraron los fiscales, quienes ya habían salido a las calles anteriormente por su plan de fortalecimiento institucional.

60 minutos permanecieron movilizados los funcionarios de los tribunales castreños.

6 jueces conforman las planas titulares de los juzgados de Garantía y Oral en lo Penal.