Si bien la Fiscalía de Ancud solicitó una pena de 3 años de presidio efectivo para el condenado de herir de gravedad a un joven ancuditano, a quien acuchilló en julio del 2015, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro sentenció al agresor con 541 días de cárcel.

El Ministerio Público había llevado a juicio a dos imputados: uno de ellos un menor de edad de 17 años, quien fue absuelto en el procedimiento probatorio en que se acreditó la culpabilidad de C.G.B. (22) por el delito de lesiones graves y no por homicidio frustrado, que fue el cargo presentado por el organismo persecutor.

"Tal como dijimos en el juicio, la calificación jurídica de homicidio frustrado no correspondía y el tribunal acogió, al menos en esa parte, lo que nosotros estábamos planteando, sobre el hecho de tratarse solo de lesiones", señaló Luis Mora, el defensor penal del condenado.

El legista detalló además que la pena de 541 días concedida al autor del delito incluye el abono de los días de detención durante el proceso investigativo, que partió a mediados del año pasado. "Él estuvo en arresto domiciliario y privado de libertad", apuntó Mora sobre el sujeto que cumplía una condena por homicidio frustrado al momento del ataque.

Advirtió la fuente que "hasta este momento el imputado no ha renunciado al recurso de nulidad, pero entendemos que, de acuerdo a lo que habíamos conversado antes, él estaría conforme con lo resuelto por el tribunal", añadiendo que eso aún es materia de análisis por parte de la defensa y que esta es una decisión que debe tomar el propio C.G.B.

El fiscal de la causa, Jorge Raddatz, manifestó que "la Fiscalía está conforme, en el sentido que la sentencia fue de carácter efectiva y vamos a analizar el fallo, pero por ahora estaríamos conformes en cuento a la efectividad de la pena".

El delito fue cometido en pleno centro de la ciudad de Ancud, en la intersección de las calles Los Carrera y Los Cavada.

Un juicio por despido injustificado enfrenta la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud, interpuesto por una educadora tradicional huilliche desvinculada en marzo de este año, de acuerdo a ella, por razones políticas.

El juicio se llevó a cabo en el Juzgado de Letras y del Trabajo de Ancud, donde Macarena Paredes Caileo acusó al organismo sostenedor que en los establecimientos de enseñanza públicos de la comuna no se cumpliría la normativa que obliga a contratar un educador tradicional en cada plantel que cuente con a lo menos un 20% de estudiantes de ascendencia indígena.

Eduardo Álvarez, el abogado patrocinador, argumentó que "en estas escuelas tiene que existir la educadora tradicional como un docente", agregando que "fue la escuela donde trabajaba la que la despidió".

Sobre este punto, el jurista comentó que la corporación habría autorizado el ingreso de la educadora tradicional mediante un documento (hoja de derivación) en el que se indicaba su labor y dónde la desempeñaría, sin embargo, en el establecimiento de destino se habría decidido desvincularla.

"Ella tiene su hoja de derivación y su contrato y lo que estamos pidiendo es que se le pague este, a partir del despido", enfatizó el representante, advirtiendo que "además había cotizaciones impagas desde el 2014 y no se puede despedir a alguien cuando existen estas deudas previsionales".

La fuente agregó que posterior al procedimiento laboral su clienta pretende entablar una demanda civil contra el municipio de Ancud, por no acatar la existencia de educadores tradicionales en los establecimientos de su dependencia, no descartando invocar la ley Zamudio.

$8 millones

Por su parte, Paredes Caileo acusó que "lo que más me complicó fue que mi empleador, que era la corporación, no me haya dado la posibilidad de reubicarme en otro colegio, porque habían muchos sin educadores tradicionales y yo no pude entrar en ninguno y no me dieron ninguna explicación, más allá de decirme que me llamarían para reubicarme, lo cual nunca pasó".

Fue aún más allá al consignar que "eso fue por una persecución política contra mi familia y ahora lo que estoy pidiendo es que me paguen este año, porque no se respetó la derivación que se hizo desde la corporación", aseverando que la indemnización ascendería a más de 8 millones de pesos.

La educadora enseñaba cultura huilliche en la Escuela Fátima, en el sector urbano de la comuna ancuditana.