La Unidad Regional de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) hizo una presentación a la Contraloría General de la República de la Región de Los Lagos para que se pronuncie sobre denuncias formuladas por el alcalde de Ancud, Carlos Gómez, a medios de comunicación locales, sobre el uso que ese municipio hizo de los recursos que la primera entidad le transfirió para enfrentar la cesantía que provocó la marea roja.

Desde tal organismo dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se comunicó que "los proyectos financiados por el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Subdere para enfrentar dicha emergencia siempre tuvieron por objetivo permitir que las personas que quedaron impedidas de ejercer su trabajo, como el caso de los pescadores artesanales y otros sectores dependientes de esa actividad, pudieran hacer otras labores y así contar con un ingreso que les permitiera solventar sus necesidades básicas, mientras se superaba la emergencia".

Sumó la Subdere que "el proceso de creación de las iniciativas, elaboración de las nóminas de trabajadores, ejecutar dichos proyectos y rendir cuenta tanto de su ejecución como del correcto uso de los fondos públicos entregados para tal efecto es de exclusiva responsabilidad del municipio".

700 ancuditanos, a lo menos, fueron beneficiados con PMU.