Interponen querella por deuda en la corporación ancuditana
Abogado acusó eventuales delitos de apropiación indebida.
Una querella criminal contra quienes resulten responsables fue presentada en el Juzgado de Garantía de Ancud por el alcalde de esta comuna, Carlos Gómez, patrocinado por el abogado Julio Álvarez, en el marco de las millonarias deudas detectadas en la Corporación Municipal para la Educación, Salud y Atención de Menores.
"Nosotros no estamos acusando a nadie, sino entregando todos los antecedentes que nos parecen dudosos", advirtió el jefe comunal, añadiendo que "la justicia tiene que determinar si hay alguna práctica que no esté acorde a la legislación vigente".
El edil afirmó que en la acción se consideran solamente los datos recabados durante las primeras tres semanas de su administración comunal y que no se descartan nuevas acciones a medida que se arrojen resultados de una auditoría al interior del organismo sostenedor de la salud y educación municipalizadas.
Por su parte, Álvarez detalló que la querella está fundada en "los antecedentes y hechos que hasta el día de hoy existen en la Oficina de Finanzas de la Corporación Municipal de Ancud", y que todo funcionario público tiene la obligación de denunciar hechos que pudieran revertir el carácter de delito.
En este sentido, el jurista recalcó que es por eso que Gómez lo contactó para presentar la querella criminal, citando tres hechos que, a su juicio, serían constitutivos de delito. Entre ellos listó primeramente el no pago de cotizaciones previsionales, recordando que por esta falta fue destituida la exalcaldesa Soledad Moreno, vinculada a la DC.
En esta deuda detalló que "hay irregularidades civiles y administrativas", y que además tiene esta irregularidad una sanción de tipo penal, argumentando que "es una apropiación indebida de los recursos de los dependientes de la corporación. Es decir, cuando a un trabajador le pagan, recibe su liquidación y en esa se le hacen descuentos, los cuales son para ser reintegrados a la correspondiente AFP e isapre y lo que se ha detectado en la corporación de Ancud es que muchos de esos recursos retenidos en las liquidaciones de sueldo de los trabajadores no fueron incorporados en las AFP o isapres, lo cual es sancionado por el Decreto Ley 3.500 con una pena equivalente a la estafa".
Agregó el legista que la segunda figura delictiva dice relación con los convenios privados sostenidos entre la entidad municipal con organismos como la cajas de compensación o la Fundación Arturo López Pérez, por las cuales a los trabajadores se les descontaron cuotas que no fueron incorporadas a estas instituciones.
"Como eso no ocurrió, nosotros entendemos que hay un hecho que merece la pena que sea conocido por los tribunales de justicia penales", recalcó Álvarez, añadiendo una tercera figura relacionada con malversación de caudales públicos que refiere a docentes que se acogieron a bonificación al retiro voluntario.
"Se hizo todo el procedimiento, se firmó el finiquito, los docentes renunciaron, se les entrega su cheque y estos no tenían fondos (...). Una abierta irregularidad que nosotros consideramos malversación de caudales públicos", apuntó el también concejal castreño.
Directivos
El abogado Julio Álvarez reconoció que si bien la acción judicial es contra quienes resulten responsables, "las personas que nosotros señalamos dentro de las querellas son quienes han tenido de alguna manera una participación como directivos de la corporación, en su momento: la exalcaldesa, el exsecretario general, el exjefe de finanzas, etcétera, pero solo a título ilustrativo de quiénes tomaban las decisiones".
Eduardo Burgos Sepúlveda eduardo.burgos@laestrellachiloe.cl