Luis Contreras Villaroel

Uno de los alzamientos sociales más importantes de los tiempos actuales en el país marcó a fuego el 2016 en la provincia de Chiloé a consecuencia de los efectos económicos y medio ambientales provocados por el fenómeno de la marea roja.

El fuerte estallido quedó de manifiesto con un paro de pescadores que se tornó en generalizado durante 18 días en mayo. Fue antecedido por una serie de episodios que se convirtió en el detonante de una histórica movilización del pueblo insular. Eso, además de las consecuencias que se viven hasta hoy.

Ya en enero y al amparo de las favorables condiciones meteorológicas reinantes por la potente luminosidad de días soleados y alza de temperaturas ambientales asomaba como una clara señal el rebrote del veneno amnésico de los mariscos (VAM), uno de los tipos de marea roja, que se focalizó en lugares del mar interior comprendidos entre isla Lemuy y Queilen.

Otro capítulo que incluso se ha ligado por algunas fuentes a la posterior aparición del temido veneno paralizante de los mariscos (VPM) correspondió a una masiva mortandad de salmones desde diferentes centros de cultivos por el florecimiento de algas nocivas (FAM) o bloom de las algas (ver. pág. 10) desde fines de enero, febrero y hasta marzo.

En la antesala a la celebración de Semana Santa, en el tercer mes del año, la toxina paralizante acechaba la actividad pesquera del sur del Archipiélago, al detectarse en Quellón y Queilen inicialmente.

Precisamente, hombres de mar de la primera de estas comunas plantearon al Gobierno un petitorio para hacer frente a los efectos que ya causaba la prohibición de extraer y comercializar ciertos recursos en la economía local.

Una postura similar canalizaron después recolectores huilliches de machas de las costas de Cucao y alrededores, sin obtener respuesta positiva alguna. Hasta esta zona chonchina el VPM alcanzó niveles peligrosos a comienzos de abril, obligando a la autoridad decretar un histórico cierre de área en sectores oceánicos.

El 29 de ese mes la Presidenta Michelle Bachelet decretó a Chiloé como Zona de Catástrofe luego que se comprobara científicamente que la marea roja se había instalado con inusual agresividad desde Quellón para alcanzar hasta Ancud por el norte, afectando a las 10 comunas de la provincia. Los valores de toxicidad se elevaron hasta cerca de 11 mil microgramos por 100 gramos de carne del recurso, como se detectó en Morrolobos, Quemchi, en circunstancias que el límite permitido es de 80 microgramos por cada 100 gramos de carne.

El mundo pesquero local detectó que la ayuda estatal llegaría a solo 500 familias de la Región de Los Lagos, lo que marcó la cuenta regresiva del estallido social chilote.

El 2 de mayo la gente de mar quellonina y queilina se manifestó tomándose rutas mientras se esperaba desde el GORE mayor precisión respecto a los recursos económicos que se iban a canalizar a favor de las familias golpeadas por el fenómeno. Ese mismo día, en la tarde se inició la protesta en Ancud.

Elías Colivoro, dirigente mitilicultor de Yaldad, lanzaba que "hemos estado conversando hace más de tres meses con las autoridades del Gobierno Regional tratando de explicarles y concientizar sobre esta catástrofe que veníamos anunciando".

A raíz de los nulos avances y falta de claridad, el 3 de mayo se dio paso a una escalada de manifestaciones y cortes de caminos que se iba generalizando. Esa jornada se incluyó Castro y Chonchi a la paralización que fue concitando un apoyo transversal entre organizaciones sociales, pesqueras y del medio ambiente, además de la comunidad en general.

Finalmente, un bloqueo total del territorio chilote e incluso fuera de la provincia puso a prueba la experiencia de diálogo entre líderes pesqueros y el Gobierno a través del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes.

Negociaciones

Con la tensión social instalada en los diferentes rincones de la región, el secretario de Estado, quien nunca viajó a la Isla durante los 18 días de paro, ofreció un bono de $100 mil pesos para aquellas familias que reunirían ciertas condiciones socioeconómicas, pero quedando un amplio margen de gente de mar excluida de cualquier ayuda estatal, según estas mismas familias.

"¡Cómo voy a estar contento con esta estupidez del ministro de Economía dando respuesta a las peticiones que hemos hecho!", declaraba Jaime González, vocero de las organizaciones pesqueras ancuditanas.

Con diez días de un movimiento en aumento aparecieron los primeros problemas vinculados a la falta de abastecimiento de víveres y combustible, haciendo "crujir" la vida de los habitantes chilotes. Unos 32 mil estudiantes estaban sin clases debido a la adhesión transversal que concitaba la manifestación.

El 10 de mayo hicieron su ingreso los primeros camiones con alimentos para proveer a los establecimientos comerciales insulares, pero sin que el bloqueo de la Ruta 5 Sur, otros caminos y el canal de Chacao, además de ciertos tramos en la región, cediera en su afán de mantener la presión contra la administración Bachelet. También llegó abastecimiento a través del mar.

Pericias

Mientras el levantamiento social esperaba por una respuesta concreta del nivel central entre reuniones y peticiones, el Ministerio Público instruía la presencia de peritos de la Brigada investigadora de Delitos del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de Valdivia en Chiloé por la aparición de ejemplares muertos, presuntamente por la marea roja. En las costas aparecieron desde millones de machas varadas hasta cadáveres de lobos marinos y aves.

Una acción similar realizaba en paralelo al conflicto un equipo de expertos de la organización no gubernamental Greenpeace. El Gobierno impulsaba por su lado la creación de una comisión científica para investigar la relación entre el vertimiento de salmones muertos y el fenómeno del veneno paralizante de los mariscos, toxina que puede ser mortal y que incluso apareció en costas de las provincias de Llanquihue y Osorno y hasta la Región de Los Ríos.

Finalmente, el 19 de mayo en la noche con la bajada de Ancud se puso término a la histórica paralización. Luis Felipe Céspedes, en su calidad especial de ministro coordinador por la marea roja, firmó con cada grupo de manifestantes en particular, en su mayoría por cada comuna, destrabamientos que ocurrieron gradualmente en los territorios, tras ofrecimiento de bonos a los pescadores y otras ayudas, siempre mientras durase el fenómeno.

INFORME

Tras seis meses del gran paro, el 25 de noviembre la comisión de expertos dispuesta por el Ejecutivo ratificó que no se detectó una relación directa entre el vertimiento de salmones muertos en el mar y el veneno paralizante de los mariscos. Dicho informe fue entregado en Puerto Montt y Santiago y no en Chiloé, causando nuevas molestias entre chilotes.

"¡Cómo voy a estar contento con esta estupidez del ministro de Economía dando respuesta a las peticiones!".

Jaime González, vocero de los pescadores de Ancud."

18 días duró la paralización de la comunidad chilota de mayo.

4.500 toneladas de salmones muertos se depositaron frente a las costas ancuditanas.

5 mil millones de pesos ofreció el gobierno para paliar la crisis solo en Ancud.

A 750 mil pesos ascendieron los bonos que percibieron los pescadores artesanales.

32 mil alumnos chilotes estuvieron sin clases a raíz del bloqueo de la provincia.

11 mil microgramos de veneno por 100 gramos de molusco llegaron a detectarse.