Carolina Larenas Faúndez

Una ofensiva legal en busca que sean reconocidos sus derechos como cualquier otro funcionario municipal iniciaron personas que estaban contratadas en calidad de honorarios en los municipios de Quinchao y Queilen, a quienes no se les renovó sus contratos a fin de año.

En una acción colectiva, cinco exfuncionarios quinchaínos y, horas después, otros cinco queilinos interpusieron acciones legales en tribunales con el fin que se analice la forma y causales por las que fueron desvinculados, incluso algunos de ellos con más de 10 años de servicio.

Ignacio Álvarez, abogado de los exmuniciapales de Quinchao, explicó que se trata de una "demanda por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. Acá en el fondo lo que se está demandando es que una serie de trabajadores fueron despedidos de la Municipalidad de Quinchao y nosotros catalogamos que esos despidos se encuadran dentro de lo que establece el artículo 2 del Código del Trabajo, esto es despido discriminatorio".

Asimismo, el profesional mencionó que "por esta razón estamos demandando, principalmente, las indemnizaciones que establece el artículo 489 del Código del Trabajo, esto es una indemnización adicional, que va de 6 a 11 remuneraciones en cada uno de los trabajadores, además de las indemnizaciones que les correspondería por ley, ya que se han infringido a nuestro parecer dictámenes establecidos por la Contraloría General de la República como también de la jurisprudencia administrativa de la Inspección del Trabajo".

Trabajadores

Una situación similar a lo ocurrido en Achao, se registró en las últimas horas en Castro, lugar en el que exfuncionarios de Queilen presentaron una demanda en contra del municipio y su representante legal con el fin que se le reconozcan sus años de servicio, así como el contrato y el despedido injustificado.

Así lo expresó Carlos Bilbao, una de las personas afectadas y que se sumó a esta acción judicial, quien comentó que en el grupo hay personas desde 4 años de servicio hasta 14 y algunas de ellas incluso desempeñaban cargos de jefatura.

"La demanda se presentó en el Juzgado de Letras y nuestro abogado es Claudio Cárcamo Pérez", sostuvo el exfuncionario, sumando que "es una demanda colectiva en la que se solicita las indemnizaciones producto del despido ilegal y arbitrario del que han sido víctimas los representados".

Alcaldes

Por su parte, el alcalde de Quinchao, Washington Ulloa (UDI), afirmó sobre la acción judicial que "ellos están en su derecho, cualquier persona puede hacer las demandas correspondientes, entonces estamos súper tranquilos y hablamos con el asesor jurídico para ver cómo después en las sucesivas citaciones vamos a llegar a defendernos como municipio y como administración".

Agregó que "hay unos cargos que son de confianza y hay otros en que nosotros no le dimos continuidad del trabajo, porque ellos estaban contratados al 31 de diciembre; entonces, lo que hicimos fue no renovar el contrato".

Parecida es la opinión del alcalde de Queilen, Marcos Vargas (DC), frente a la demanda interpuesta en contra del municipio por exfuncionarios, indicando que "estamos tranquilos, ellos como trabajadores están en su derecho de presentar las acciones judiciales que estimen convenientes y nosotros nos trataremos de defender de la mejor forma posible porque en el caso de llegar a perder y los recursos que conllevaría, eso iría en desmedro de la gente de la comuna".

10 son a la fecha las personas que buscan que se reconozcan sus derechos laborales.

Una reunión con el ministra de Salud, Carmen Castillo, sostuvo recientemente el senador por la zona Iván Moreira (UDI), con el fin que se concreten los anunciados proyectos en esta materia para la provincia.

Además, el parlamentario solicitó que se concrete la medida dada a conocer por los medios de comunicación hace dos años, en el sentido de efectuar la normalización del Hospital de Castro, el base del Servicio de Salud Chiloé, y que iba a involucrar más de 40 mil millones de pesos.

Dado lo anterior, el senador formuló un emplazamiento al Gobierno para que transparente dicha información porque, recordó, estaba contemplado iniciarse originalmente durante el primer semestre de este año y que tenía un desembolso de más de 40 mil millones de pesos en una superficie a intervenir de 33 mil metros cuadrados.

Con ese proyecto, indicó Moreira, se concretaría la construcción de un hospital de alta resolutividad porque con esos recursos se elevaría también a más de 200 el número de camas, más la construcción de pabellones quirúrgicos.

Paralelamente se le informó también al parlamentario, que dicho proyecto para la capital chilota el Gobierno lo tiene contemplado, pero que, "lamentablemente", no quiere comprometerse con fechas, pero le aseguraron que el organismo contrató los servicios de una consultora para que realice los estudios necesarios de cómo se llevaría a efecto la normalización del Augusto Riffart de Castro.