Instan por más seguridad en tribunales chilotes
Fuga de peligroso delincuente en San Bernado produjo una serie de alcances a nivel nacional. Gendarmería ya se reunió con jueces en la provincia.
Los coletazos de la espectacular fuga de Leonardo Azagra (25) desde el Juzgado de Garantía de San Bernardo alcanzaron Chiloé. La huida del peligroso delincuente quien utilizó como escudo humando al magistrado Sergio Henríquez remeció al sistema penal y puso en evidencia su vulnerabilidad. Falencias que en la provincia se potencian con la falta de personal y recursos logísticos.
Más allá que el imputado por homicidio fuese recapturado por el OS-9 de Carabineros, los alcances de su escape ponen la señal de alerta. Desarmó al único gendarme que lo custodiaba, amenazó y retuvo al juez y arrancó en un vehículo robado. Una dinámica poco usual, pero que puede repetirse si no se trabaja en frenar las fallas de seguridad en tribunales.
Pese a que el año pasado y en lo que va del 2017 no se han registrado incidentes en los juzgados chilotes, como la recordada fuga de Víctor Oróstica (28) el 2012 antes de un control de detención en Castro, la preocupación existe. En especial, una alerta latente ante el gran movimiento de aprehendidos, imputados y condenados desde y hacia los centros de justicia.
Según fuentes de Gendarmería, el año pasado se remitieron desde las unidades penales de la capital chilota y Ancud, 875 internos a los tribunales de Garantía y Oral en lo Penal. Mientras que mil 157 detenidos por las policías -o trasladados de otras regiones-, fueron derivados por Gendarmería a audiencias en tribunales.
Bajo este contexto y ante el revuelo del caso en San Bernardo, tanto la institución penitenciaria como el Poder Judicial están reforzando los protocolos de intervención y seguridad. Así se observó en los últimos días, cuando en un hermético despliegue, oficiales de Gendarmería regional -vinculados al área de operaciones- se reunieron en la Isla con jueces y administradores de los juzgados.
No se entregaron mayores detalles del encuentro, que en Castro se efectuó el miércoles recién pasado, pero no se descarta que existan otras instancias para evaluar más a fondo las condiciones de vigilancia dentro y fuera de las salas judiciales. Una situación que cobra importancia en la provincia, considerando que apenas existen nueve funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) encargados de la custodia en los cinco tribunales (Garantía y Oral en lo Penal) de Chiloé.
Sin embargo, la seguridad no solo debe potenciarse en los sentenciadores, sino que en todos los actores del sistema. Incluso, el público, profesionales de las comunicaciones y hasta los mismos guardias se ven expuestos a la violencia.
Mejorar
Por ello, el fiscal jefe de Castro y vocero de los persecutores en el Archipiélago, Enrique Canales, no dudó en dar cuenta de la necesidad de cambiar el actual escenario en tribunales y ser partes de las reuniones que se están realizando para estos fines, ya que hasta la fecha no han sido convocados.
"La seguridad en los juzgados es una preocupación que se viene manifestando por la Asociación de Fiscales hace tres años por las constantes agresiones e insultos que sufren todos los intervinientes del sistema en el país. Los accesos no diferenciados permiten el encuentro y ponen en riesgo la integridad de las personas, en particular los fiscales", acotó el abogado.
El profesional enfatizó que "hemos pedido revisar los protocolos de seguridad", pero no han tenido respuesta, pese a las gestiones.
El jurista recordó que en Chiloé ocurrió una fuga. "Las medidas de seguridad no son óptimas. En Quellón y Quinchao no existen medidas de seguridad y las condiciones de ejercicio son malas, por lo que se debe esperar mejorar este aspecto y no lamentar un hecho grave", explicó.
