Pedro Bárcena González

Los conflictos patrimoniales son recurrentes en la provincia. Y muchas veces llegan a mostrar tintes de violencia. Así queda demostrado en el sector Yaldad, en la comuna de Quellón, donde disputas por un terreno entre parientes derivó a un ataque armado y al incendio intencional de un inmueble. Graves consecuencias que se asocian a la autoría de una persona, quienes arriesga casi 15 años de presidio.

Desde la jornada de ayer se analiza la responsabilidad del vecino de iniciales G.E.C.L. (51) en los delitos de lesiones menos graves, amenazas e incendio, por una serie de hechos ocurridos en esta localidad quellonina, entre el 14 y 15 de marzo del 2015, centrados en la construcción de una casa en ese lugar.

El propio acusado reconoció su participación en el primer ilícito, en el que disparó un rifle contra Rosa Colivoro, quien resultó con una herida en su muslo derecho. La víctima reconoció en su momento que "habíamos ido a colocar el techo, las ventanas (en la casa) cuando (el imputado) llegó disparando, gracias a Dios yo fui la única lesionada".

Por su parte, el técnico electromecánico explicó que su accionar respondió al "ingreso al predio de unas 10 personas, cortando el cerco, quienes se pusieron a trabajar con motosierras". Acusó que Carabineros no intercedió a su denuncio por esta presunta irrupción en un terreno que aseguró habían solicitado dominio desde hace 30 años.

Asimismo, el trabajador declaró en estrado que no es autor de los otros delitos que se le sindican, enfatizando que en el siniestro de la construcción al otro día del baleo, "no concuerdan las horas, puesto que llegó como a las 4 de la tarde y el incendio fue antes, solo unas personas me sindicaron y ahí me detuvieron nuevamente".

El defensor Rodrigo Rojas solicitó la absolución por estos hechos, remarcando que su representado fue formalizado por el ataque armado y solo llegó a su vivienda emplazada a unos 400 metros del sitio del suceso, momentos después del siniestro. "Hay discordancias con el momento de estos hechos y el lugar en que se encontraba mi cliente", aclaró.

Asimismo, el abogado manifestó que las amenazas simples tampoco tendrán sustento probatorio. "No se cuestiona la realidad de estas, sino la idoneidad para configurar estas amenazas, puesto que las palabras proferidas se hicieron en un momento de ira -cuando era detenido por el ataque armado-, que le restan seriedad", arguyó.

La fiscal Karen Rosas desestima estos argumentos, enfatizando que la prueba testimonial y pericial podrá acreditar los hechos y participación del isleño. Detalló que "el estallido de violencia del acusado, para repeler la construcción de la vivienda, lo llevó a efectuar numerosos disparos", lesionando a la víctima.

Además, la persecutora insistió que las amenazas "fueron en presencia de varios testigos" y al día siguiente procedió a la destrucción de la vivienda utilizando el fuego como medio.

Agravantes

Más drástico es el querellante, Hugo Oyarzún, quien invocó las penas más severas. Incluso, desconoció la atenuante de irreprochable conducta anterior que reconoce el Ministerio Público y pidió el concurso de cuatro agravantes: actuar sobreseguro usando un rifle, proceder de manera premeditada, obrar en despoblado y el empleo de varias armas y objetos para lesionar.

Bajo este escenario, el jurista pidió 3 años de presidio por las lesiones, 541 días por las amenazas y 10 años por el incendio, en un juicio que continúa hoy con el avance de la fase probatoria.