Carolina Larenas Faúndez

Con un plazo de 60 días, que puede ser prorrogable, cuenta la comisión investigadora del caso OAS que fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Entregar un juicio político sobre el eventual vínculo de la empresa brasileña, una de las principales accionistas del Consorcio Puente Chacao, con políticos locales busca la instancia que fue aprobada por 64 votos a favor, 9 en contra y 15 abstenciones.

13 son los diputados de distintas bancadas que integran esta instancia, que funciona igual que el resto de las comisiones, pero con la diferencia que fue creada para analizar un tema específico y cuenta con un tiempo limitado.

Según lo indicado por el diputado por Chiloé y Palena, Alejandro Santana (RN), uno de los parlamentarios que votó a favor de la creación de esta comisión, si bien fue solicitada por la oposición fue apoyada también por parlamentarios de partidos de Gobierno.

"Hemos conocido información de esta presunta relación de la empresa con políticos nacionales y el Congreso hace un tiempo tomó la decisión de investigar políticamente esto y se aprobó una comisión en la Cámara", señaló el congresista.

Para Santana es clave que se realice esta investigación sobre todo considerando que la empresa está vinculada al mayor proyecto de ingeniería de la zona y también al mayor en materia de puentes en el país.

"Hace poco nos hemos enterado que no ha habido ninguna modificación en el contrato aunque se dijo que Hyundai se haría cargo del 100 por ciento del proyecto", detalló el también presidente regional de RN.

Distintas es la visión que tiene la diputada Jenny Álvarez (PS) sobre la finalidad de esta comisión, sobre todo porque deberá analizar a personeros que no desempeñaban funciones públicas cuando habrían ocurrido los hechos.

Facultad

"La comisión investigadora es una facultad que tienen los parlamentarios y están enfocadas a fiscalizar actos de la administración del Estado cuando hay involucrados funcionarios públicos", detalló la socialista.

Además, expuso que "me llama la atención porque se va a investigar a Marco Enriquez-Ominami y a la Presidenta Bachelet en un período en el que no ejercían cargos públicos y no administraban recursos públicos".

En este sentido, la chonchina valoró que exista una fiscal con dedicación exclusiva para investigar el eventual financiamiento irregular de las campañas, ya que "los resultados que valen son los judiciales".

"Pienso que se está haciendo una utilización política de esta situación", criticó la parlamentaria.

"Los resultados que valen son los judiciales. Pienso que se está haciendo una utilización política de esta situación".

Jenny Álvarez, diputada."