Intensas diligencias realiza personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros de Castro con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de una serie de delitos de apropiación. La incautación de especies avaluadas en más de 3 millones de pesos, al interior de una casa del sector alto de la ciudad, impulsó estas nuevas pesquisas.

La denuncia por un robo en lugar habitado en calle Padre Manuel Cárcamo activó el despliegue de los funcionarios policiales, quienes ubicaron en las últimas horas, a pocas cuadras del sitio del suceso, un inmueble en que permanecían ocultos los artículos provenientes de este atraco.

Así lo confirmó el capitán Jorge Mansilla, jefe subrogante de la unidad base, explicando que "este domicilio servía de acopio para las especies de este robo. Además, se encontraron otras cuyos dueños no se han podido establecer".

Solo la víctima del robo que denunció este ataque reconoció lo sustraído por los hampones, avaluado en un millón y medio de pesos. Un botín estimado en la misma cantidad de dinero, compuesto especialmente por herramientas, sigue en la comisaría a la espera que sea identificado por otros afectados por atracos en los últimos días.

En cuanto al dueño del inmueble donde se produjo el decomiso, el subcomisario recalcó que "quedó citado a la Fiscalía local para que entregue antecedentes del caso". Esta fuente de información será sumada a los informes de otras diligencias que lleva adelante de la SIP, como los empadronamientos a vecinos de este sector de Castro Alto.

Instrucciones

Por su parte, el fiscal Javier Calisto, quien tomó conocimiento del caso, enfatizó que el adulto mayor en cuyo hogar se halló el millonario botín se encuentra en calidad de testigo. Preliminarmente, el vecino desconocería la procedencia de los elementos robados, pero se espera tomarle declaración detallada para determinar nuevos antecedentes que se sumen a esta causa.

"Estamos investigando el robo a la casa y otros anteriores, como también una eventual receptación", manifestó el abogado del organismo persecutor.

Pedro Bárcena González

Apuntando a sus argumentos clave, los litigantes del caso de cuasidelito de homicidio contra Luis Márquez Quelincoy (45), ocurrido en Chonchi, cerraron ayer sus alegatos a la espera de la resolución judicial que ponga fin en su fase penal a esta emblemática causa que se extiende desde hace más de cuatro años y medio.

En el Juzgado de Garantía de Castro se realizó la tercera jornada del juicio oral simplificado para determinar la responsabilidad del imputado de iniciales P.M.S., quien arriesga 540 días de presidio por este delito culposo.

Tal como expresó el fiscal Enrique Canales la prueba ofrecida en sala fue contundente, basándose en los antecedentes entregados por tres testigos presenciales del accidente que le costó la vida al isleño la madrugada del 28 de julio del 2012. Además, destacó los datos aportados por el médico forense Jesús Blanco.

"Estos jóvenes vieron como fue el atropello y especialmente uno de ellos, que estuvo a pocos metros del lugar, vio como el auto guiado por el imputado pasó por encima del cuerpo de la víctima", aclaró el persecutor, apuntando que la declaración de ellos ha sido "coherente y persistente" en el tiempo.

Forense

Además, el abogado indicó que el perito legista reconoció que el chilote "estaba vivo al momento de ser aplastado por el vehículo. Sufrió lesiones vitales, dijo el médico, causadas por el accidente. De haber estado fallecido en la calzada los hallazgos encontrados en el cadáver no debieron existir".

Junto con desvirtuar la versión de los carabineros que abordaron el procedimiento por considerarlas "faltas de fundamento y respaldo" al generar un parte policial irregular -no informaron el muerto por accidente, ocultaron datos relevantes para pesquisar el auto involucrado- y presentar prueba anómala y descontextualizada, el fiscal aseguró que la infracción reglamentaria del acusado está acreditada.

"No estuvo atento a las condiciones del tránsito, que en este caso se trataban de la hora del siniestro -las 5 aproximadamente-, la luminosidad del lugar, la lluvia que caía y la presencia de la víctima", concluyó la fuente.

Por su parte, el defensor Claudio Herrera centró su alegato en dos causales que llevarían por sí mismas, como enfatizó, a la absolución de su representado: la no existencia de un cuasidelito de homicidio y la no participación del joven en este eventual delito culposo.

El profesional detalló que el bombero guiaba un auto habilitado y con documentación al día, a una velocidad razonable, por espacios destinados a transitar y adoptando las medidas de señalización al virar. Todo ello antes del impacto con la víctima, tras lo cual señaló que "se detuvo y esperó a Carabineros".

Aseguró el abogado que el imputado sí estuvo atento a las condiciones viales. "No se puede prever encontrarse en una madrugada lluviosa, con una iluminación defectuosa, a un hombre con una alcoholemia de 2,38 -límite de la ebriedad es 0,8- tirado en medio de la calzada. Es la víctima la que se expone al accidente, por lo tanto no existe una conducta negligente del conductor", explicó.

Evidencia

Por el otro caso que argumentó, Herrera manifestó que "no existe prueba que el imputado haya causado las lesiones mortales. Nadie dio antecedentes que su auto aplastó a la víctima". Es más, sumó un informe pericial de reconstitución de escena que da cuenta que no se puede acreditar la participación del acusado en el deceso de Márquez.

Los argumentos de las partes son evaluadas por la magistrado Jésica Yáñez, quien esta jornada entrega el veredicto por esta bullada causa.