Una de las solicitudes del fiscal Enrique Canales estuvo enfocada en la familia del paciente. "Más importante que la extensión de la medida de seguridad es saber cómo se preparará a su familia para el momento en que el joven cumpla esta internación y sea dado de alta. Los parientes requieren de una intervención social y especializada para que puedan enfrentar las medidas de control a futuro, puesto que esta enfermedad es crónica".
Ante la contundente prueba presentada, especialmente enfocada en la intervención de una decena de peritos y testigos, como también la escasa controversia entre los intervinientes sobre la existencia del delito y la participación del acusado, el Tribunal Oral en lo Penal de Castro acogió la implementación de una medida de seguridad para el joven que mató a hachazos a su padre.
La sala presidida por el magistrado Claudio Ayala, en audiencia registrada ayer, acreditó la participación del obrero en el parricidio de Heraldo José Nayán Hernández (62), ocurrido la madrugada del 26 de enero del 2015 en la casa que compartían en el pasaje La Amistad de Cancha Rayada.
Los jueces dejaron claro que quedaron establecidos los hechos y la eximente de privación total de razón de parte del autor, ante lo cual es inimputable. Por ello, enfrentará una internación provisional cuyo lugar y tiempo serán entregados en el fallo programado para este domingo.
Para analizar estos elementos, los sentenciadores tendrán en cuenta las solicitudes de las partes. El fiscal Enrique Canales reconoció las atenuantes de irreprochable conducta anterior como también la relacionada con la confesión y denuncia del caso, pudiendo eludir la acción de la justicia. Mientras que el defensor Mauricio Díaz agregó la aminorante de actuar bajo un arrebato u obcecación.
Bajo este escenario, el representante del joven pidió la rebaja en dos grados de la sanción -se mide en equivalencia a un delito con reproche penal-, llegando a los 5 años y un día.
"Solicitamos que esta medida de seguridad se cumpla en Castro, ya que tiene toda su red de apoyo acá, como también los profesionales que lo han atendido", acotó el abogado, exponiendo un informe social en el que se establecen el arraigo familiar y hasta laboral del hijo de la víctima.
informe
Incluso, como especificó Díaz, desde el Hospital Base de Puerto Montt "emanó un informe en el que se describe el adecuado comportamiento del paciente, quien mantiene controlado sus impulsos sicopáticos, por lo cual solicita su traslado al Hospital de Castro". Un escenario que espera configurar, siempre con un control adecuado, ya que insistió en un "procedimiento mal ejecutado" al recibir el alta días antes de matar a su padre.
El defensor enfatizó que "los medios de control existen en esta ciudad y tiene a su familia al lado". Además, el factor gatillante de la crisis que derivó en este asesinato ya no está: su papá.
Eso sí, el fiscal Canales fue prudente en este aspecto, ya que según informes periciales que maneja, los delirios e ideaciones homicidas aún persistirían en el carpintero, ante lo cual la evaluación permanente y el control médico serían fundamentales.
La rebaja a lo menos en un grado completo de la pena para uno de los condenados por el robo con homicidio de un matrimonio en el sector Las Quemas de Dalcahue será parte de la solicitud que realizará esta jornada el defensor penitenciario Carlos Barahona, en una audiencia de adecuación de penas programada para el Tribunal Oral en lo Penal de Castro.
La instancia judicial por este emblemática causa, generada tras el horrible asesinato de Eddy Vargas (42) y Augusto Suárez (53), al interior de su dormitorio la madrugada del 17 de diciembre del 2007, reabre las críticas contra el sistema.
La familia de las víctimas calificó como "exiguas" y hasta "ridículas" las penas contra Patricio Andrade, Cristian Contreras y Javier Andrade, sentenciados a cadena perpetua simple, 20 años de cárcel y 10 años y un día de internación en un recinto siquiátrico, respectivamente. Ahora, con esta nueva audiencia, sus temores crecen ante una eventual rebaja de la sanción.
Tanto Alicia Suárez, hermana del agricultor ultimado, como Paola Suárez, hija de las víctimas, insistieron que los criminales debieron "ser condenados a cadena perpetua calificada".
Como indicó el defensor penitenciario, con la entrada en vigencia de la Ley de Agenda Corta del 5 de julio del 2016, que derogó la pluralidad de malhechores, se abre esta posibilidad de cambiar el fallo.
"Al existir una ley posterior más favorable para los condenados -representa a los dos imputables-, por derecho constitucional está la opción se invocar la modificación de la sentencia", aclaró Barahona, explicando que al suprimirse la medida "ya no se justifica que la pena esté en el grado estipulado. Por ello, se pide una adecuación, más si en la condena primó esta modificatoria".
Por su parte, el fiscal Enrique Canales adelantó que solicitará la mantención de la sentencia contra los homicidas, argumentando que "las leyes no pueden aplicarse de manera disgregada", en especial teniendo en cuenta que la Ley 20.931 se creó para castigar de forma más severa estos delitos graves y no atenuar la pena.