Pedro Bárcena González

Llegaron con la inquietud que los asesinos de sus seres queridos pudiesen ver rebajadas sus sentencias. Que ante una ley permisiva los criminales pudiesen recibir un verdadero "regalo" judicial. Sin embargo, los responsables del robo con homicidio de Augusto Suárez (53) y Eddy Vargas (42) deberán seguir purgando sus condenas originales.

Así quedó establecido ayer en la audiencia de adecuación de penas realizada en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro, donde la sala presidida por el magistrado Cristian Rojas rechazó los argumentos del defensor penitenciario Carlos Barahona y mantuvo las sanciones contra los coautores de este delito perpetrado el 17 de diciembre del 2007 en el sector Las Quemas de Dalcahue.

Patricio Andrade Arriagada y Cristian Contreras Millalonco están cumpliendo cadena perpetua simple y 20 años de cárcel, respectivamente, por este brutal ataque contra el matrimonio, que fue ultimado con golpes de combo en su propio dormitorio. Por ambos, el abogado pidió una rebaja a 18 y 15 años de presidio, mientras que por el tercer coautor de este sangriento asalto, Javier Andrade Águila -cumple 10 años y un día de internación en un recinto siquiátrico- no se incidentó en la audiencia.

Los argumentos del jurista para configurar este escenario se centraron en la derogación de la agravante de pluralidad de malhechores con la entrada en vigencia de la Ley 20.931 (Agenda Corta Antidelincuencia) el 5 de julio del año pasado.

"Al suprimirse esta medida y modificarse por una nueva -participar de una agrupación para cometer delitos- que requiere medios más calificados y exigentes para configurarse, lo que corresponde es rebajar la pena", apuntó Barahona, explicando que "siempre se debe velar por una ley más favorable".

Recalcó la fuente en sus alegaciones que al existir una modificatoria menos y realizar las equivalencias con las medidas dictadas contra los coautores del crimen durante el juicio oral de enero del 2009, "configurando las compensaciones racionales entre agravantes y atenuantes", como mencionó, se pude llegar al quántum que invocó.

POSTURAS

Los fiscales Enrique Canales y Javier Calisto presentaron sus argumentos para rechazar tal solicitud, criticando lo que consideran una aplicación parcial de un artículo legal.

Como destacó el primer persecutor, debe ser "integradora" la norma que sustancie esta rebaja de penas. "No se puede rescatar un solo elemento, en este caso la derogación de la agravante, para cierto beneficio. La interpretación y aplicación legal debe ser integral. El imperativo jurídico debe ser absoluto y no discrecional", acotó el profesional.

Asimismo, el representante del Ministerio Público planteó que de existir la eventual eliminación de esta medida también puede llegarse a la sentencia que se impuso en su momento, considerando la valoración de las otras circunstancias modificatorias y la extensión del mal causado. "Igual el tribunal puede recorrer la pena en su grado completo y llegar a la misma condena", enfatizó.

Justamente, en su resolución los sentenciadores resaltaron este punto. Más allá de prescindirse de la pluralidad de malhechores, "la aplicación de otras agravantes no cambiarían la pena", expuso el magistrado Rojas.

A su vez, el juez recalcó que la ley invocada por el defensor penitenciario "no es más favorable para los condenados", ya que esta fue creada para sancionar de forma más severa los robos, hurtos y receptación.

Bajo el principio de lex tertia, la sala descartó la dinámica de emplear algunos elementos normativos -la derogación de la agravante- de una ley y no la misma en su generalidad.

"Por lo tanto, no se satisfacen los presupuestos legales para rebajar la pena, ante lo cual se rechaza la solicitud", decretó el juez, por lo que los condenados deberán seguir cumpliendo su sentencia original.

Esta resolución le entregó mayor "tranquilidad", como manifestaron, a los seis familiares de las víctimas que se constituyeron en la sala del tribunal oral.

FAMILIA

De acuerdo a lo indicado por Javier Suárez, hijo del matrimonio asesinado, esta decisión puede darles una cierta calma, pero el fondo de esta nueva etapa judicial que vivieron es el preocupante.

"Nuevamente pasamos por un momento de angustia al enterarnos que se piden estas rebajas de pena bajo el amparo de una ley mal hecha, que incluso ha posibilitado que 27 delincuentes hayan recobrado su libertad en la región", apuntó el ancuditano.

Y a esta dirección apuntan como familia. "Seguiremos peleando para que esta ley sea arreglada, ya que es un problema del legislador que posibilita que pasemos por estas situaciones", comentó el joven.