Carolina Larenas Faúndez

Un día antes que el Concejo Municipal de Castro decidiera poner término al contrato con la empresa ECM Ingeniería S.A. -Ingeniería Electrónica, Computación y Medicina S.A.-, la firma que se adjudicó la explotación de los estacionamientos en el centro de la capital provincial emprendió acciones legales contra el municipio.

Ayer en la sesión del ente colegiado por una decisión unánime se determinó poner fin al acuerdo entre las partes, cuya adjudicación se realizó en septiembre de 2012 y se extendía por 35 años, considerando además la construcción de estacionamiento subterráneos.

Es el incumplimiento de los plazos de este proyecto una de las aristas de la decisión de los concejales, pero también es uno de los aspectos reclamados por ECM en su demanda de cumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios.

Por un poco más de una hora se extendió el análisis de la propuesta presentada por el alcalde Juan Eduardo Vera (UDI) al concejo, instancia que comenzó con las palabras del asesor jurídico del municipio Marcos Velásquez, quien entregó algunos antecedentes del proyecto y de los incumplimiento en los que habría incurrido la compañía, además de informar que ECM presentó una demanda en contra del consistorio.

"Desde que asumió esta administración se nos pidió revisar el contrato y hemos determinado que la empresa no ha dado cumplimiento a los diferentes hitos comprometidos. En ese contexto, el municipio tiene antecedentes suficientes para demandar el término del contrato de concesión", detalló el abogado en la sesión ordinaria del concejo.

Además, el profesional describió que, a su juicio, lo que busca la demanda interpuesta por ECM es que los tribunales autoricen una prórroga del contrato de estacionamientos, argumentando que la parte técnica municipal no dio cumplimiento a su obligación.

Tras ello, cada uno de los ediles castreños entregó un voto argumentado sobre el por qué decidieron en definitiva votar a favor la propuesta del alcalde de poner fin a este contrato que se adjudicó en tiempos del penúltimo concejo de la comuna (período 2008-2012), acuerdo que se extendía por 35 años. Esa vez solamente los ediles en ejercicio Julio Álvarez y Omar Vejar no apoyaron la alianza entre el municipio y ECM.

Los perjuicios económicos ocasionados a la ciudadanía por los altos costos que representa estacionar en las calles céntricas, además de los problemas que la empresa ha tenido en materia sindical con sus propios trabajadores y los incumplimiento de contratos, fueron elementos esgrimidos por los miembros del actual concejo a la hora realizar la votación.

En este sentido, en la sesión se definió el término administrativo inmediato al contrato con ECM Ingeniería S.A., lo que se realizaría en los próximos días, una vez que se realice la notificación. Además, se solicitó al asesor jurídico municipal el rechazo de la demanda interpuesta por la firma en contra del municipio y presentar una demanda de reconvención pidiendo el término del contrato y las indemnizaciones correspondientes.

Con aplausos de los vecinos que estuvieron presentes terminó la votación en la sesión ordinaria número 15 del concejo castreño en funciones. Incluso, algunos de ellos levantaron algunos carteles pidiendo el fin de contrato durante la discusión.

A su vez, la tarde del lunes el municipio fue notificado de la acción judicial que la aún empresa concesionaria de los estacionamientos interpuso en el Juzgado de Letras de Castro en su contra.

Judicial

En la demanda la empresa alega que "el cumplimiento estricto de los plazos inicialmente contemplados en el contrato y en las bases de licitación se ve impedido por obstáculos materiales imposibles de superar para la concesionaria, lo que constituye una consecuencia de los actos y omisiones ilegales del municipio concedente".

Dentro de estos argumentos se encuentra que el municipio habría incumplido el contrato por diversas vías, lo que se traduce en un significativo retraso en la ejecución de la concesión y, actualmente, en la absoluta imposibilidad de avanzar en el proceso de construcción del edificio subterráneo de estacionamientos.

Además, da cuenta en que la demandada desconoce toda culpa y responsabilidad por las demoras, pese a que fue ella quien las generó precisamente, sin justificación plausible.

En resumen, asegura la firma demandante, "la concesión ha sufrido un atraso no imputable a esta parte de 2 mil 43 días, de los que 1.790 corresponden exclusivamente a las demoras injustificadas del municipio.

Pero la demanda no solo se refiere a la construcción de los estacionamientos subterráneos, sino que también a la explotación de los de superficie.

Dentro de los incumplimiento que la empresa ECM supone al municipio se encuentra la obligación de fiscalizar que establece el contrato, además de solicitar una indemnización de perjuicios patrimoniales por un cálculo al 28 de febrero de mil 345 millones 670 mil pesos.

Jaime Márquez, independiente

"Yo lo dije hace mucho tiempo que esto era simplemente la expresión de una voluntad política que en algún momento en el concejo anterior por alguna razón no se expresó, pero hoy las cosas han cambiado para bien y la votación fue clara, fue unánime. El camino jurídico será una tarea de los próximos días", consignó.

Julio Álvarez, socialista

"Una gran satisfacción de ver reflejado un trabajo, sobre todo de las agrupaciones ciudadanas que desde hace muchos años están luchando por esto, lucha de ellos que yo asumí como propia cuando fui candidato y después de esto veo una concreción de las promesas de campaña que hicimos", mencionó.

Julio Muñoz, militante de la DC

"Este era un clamor popular y es cierto que se nos colocaban elementos legales que no podíamos darle término a este contrato. Lo que ha pasado es significativo porque nos abre esperanzas en que efectivamente vamos a resolver en los tribunales el término de la concesión y también tomar medidas administrativas", apuntó.

Jorge Bórquez, representante de la UDI

"Este contrato no se debió haber firmado nunca porque era un contrato abusivo y rayaba casi en lo ilegal. Ahora tenemos que ser prudentes y actuar bien para no cometer los mismos errores, no tengo dudas que nuestro asesor jurídico lo va a hacer bien y afortunadamente votamos por unanimidad", argumentó.

"En los próximos días vamos a resolver la elaboración del decreto y la notificación".

Marcos Velásquez,, asesor jurídico."

Ignacio Tapia, edil de RN

"Efectivamente tenía que estar bien posicionado del tema, escuchar la parte jurídica que es importante porque uno no puede llegar y tomar una decisión así porque sí. Tomamos una decisión, el alcalde presentó los motivos por los que estaba incumpliendo la empresa que nosotros ignorábamos", reveló.

1.345 millones de pesos es la indemnización que persigue la empresa en la demanda.

1 hora se extendió el análisis y votación a la propuesta presentada por Vera.