Dos fiscalizaciones de personal de la Autoridad Sanitaria terminaron ayer con el cierre de uno de los mataderos de Castro y la autorización para la apertura de otro que permaneció sin trabajar del octubre del año pasado.

Específicamente la revisión se realizó la mañana de ayer en el matadero Corralillo ubicado en el sector de Pid Pid con el fin de verificar la resolución que el organismo debe emitir como respuesta a un proyecto presentado por el propietario al manejo de riles.

Así lo explicó el jefe provincial de la Autoridad Sanitaria, Cristián Araneda, comentando que "este salió rechazado por algunas falencias que tenía y a raíz de eso se hizo una fiscalización en base a una denuncia que había comprobando algunos hechos y, por lo tanto, se efectuó la prohibición de funcionamiento".

Junto con ello, el médico veterinario señaló que "a partir de mañana (hoy) ya no puede realizar ningún proceso, lo que se extenderá mientras dure el proceso que tienen que hacer ellos y que, en este caso, es presentar nuevamente su proyecto y que sea aprobado".

Igualmente, detalló que "el proyecto salió con varias deficiencias y tienen que hacer las correcciones necesarias y en terreno se debe demostrar que esas correcciones fueron realizadas y que se subsanaron las falencias que se encontraron".

Apertura

Por otro lado, el profesional manifestó que "en la tarde (ayer) se realizó una nueva inspección al matadero San Daniel, el cual estaba con prohibición de funcionamiento desde octubre, ellos como empresa lo que hicieron fue desarmar el matadero que tenían y construir uno nuevo y los papeles estaban presentados y estamos a la espera de una carta que nos tenían que presentar y se hace la revisión y se hace el alzamiento de la prohibición que tenían".

Desde hoy comienza a operar el San Daniel.

Carolina Larenas Faúndez

La votación que definió poner fin al contrato entre el municipio de Castro y la empresa Ingeniería en Electrónica, Computación y Medicina S.A., conocida como ECM Ingeniería S.A., sigue generando repercusiones, sobre todo luego que se anunciara la presentación de una denuncia en Fiscalía para establecer responsabilidades administrativas de la gestión anterior.

Incluso, durante la sesión del ente colegiado del martes pasado en la que se produjo la votación por unanimidad de terminar con el acuerdo entre las partes se ventiló que habrían algunos antecedentes que darían cuenta que en el proceso de definición de las bases y la licitación pudo haber dinero involucrado, lo que se achacó al exalcalde y parte de su equipo.

En este sentido, Nelson Águila sostuvo que responderá en "tribunales y no por la prensa" a los cuestionamientos que se han efectuado en su contra y que viven hoy un día clave.

Del mismo modo, el ingeniero agrícola comentó que "una cosa que no se ha dicho es que el concejo en forma unánime aprobó las bases de licitación, incluyendo a (Julio) Álvarez y (Omar) Véjar (quienes no visaron la adjudicación)". A su vez, aseveró que el actual alcalde Juan Eduardo Vera (UDI), en su calidad de entonces concejal, dio su visto bueno a ambas cosas.

Además, el democratacristiano recordó que "hay un informe de la Contraloría General de la República que señala en forma clara y precisa que todo lo obrado en esa licitación está de acuerdo a la ley".

Uno de los concejales que abordó este tema durante la sesión fue René Vidal (PC), quien comentó que "solicitará que se investigue si hubo intervención de recursos", dentro del proceso de definición de las bases y el contrato.

Dichos

Igualmente, su par Julio Álvarez (PS) precisó que tras los dichos de Vidal en un programa de la televisión local en que manifestó que había habido coimas en el proceso licitatorio existen dos alternativas.

"Uno de ellos es que el propio concejal en conocimiento de un hecho de estas características presente su denuncia. Cuando alguien sabe que existe un hecho de esa naturaleza tan grave, la obligación es presentarla frente al Ministerio Público", detalló el abogado.

Además, argumentó que "lo que dije es que si él (Vidal) no lo hacía, yo lo iba a hacer en relación a los hechos que él había mencionado; es decir, no he dicho que hay coimas o un delito en esa situación, entonces mi denuncia era por los hechos que había planteado René Vidal en el concejo".

El concejal relató que "la ley dice que un funcionario que conozca un hecho que pudiera revertir los caracteres de delito tiene un plazo de 48 horas" para realizar la denuncia en la Fiscalía.

35 años se extendía el contrato entre el municipio y la empresa por los parquímetros.

48 horas es el plazo que establece la ley para que se realice la denuncia.