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Presencia de carne proveniente de Brasil inquieta a escuela rural chilota

Detectan en sector de Dalcahue producto de firma cuestionada por el escándalo mundial.
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El escándalo de la carne adulterada en Brasil llegó hasta la provincia de Chiloé, con el caso de la detección de producto proveniente desde ese país de una de las empresas cuestionadas en una escuela del sector rural.

Se trata del establecimiento de Carihueico, en la comuna de Dalcahue, donde hay preocupación, pues hace varios años la comunidad educativa reciben productos envasados, sellados al vacío de la firma JBS, justamente una de las compañías más criticadas por adulterar químicamente carnes que estaban en mal estado y no cumplían con los requerimientos para poder ser destinadas al consumo en el exterior.

En la escuela, el profesor a cargo de esta fue quien puso la voz de alerta, pues hace años el personal y los alumnos consumen este tipo de alimentación.

En los últimos días, luego de informarse de la situación a nivel internacional e investigando a través de internet, comprobó que la carne que mayores y menores de edad ingieren cotidianamente viene del gigante sudamericana, sostuvo César Altamirano.

"Siempre tuve desconfianza por la comida que llegaba a la escuela, por el sodio, principalmente, nunca tuve razón de peso para desconfiar, hasta ahora que leí en el diario y en base a eso empecé a buscar, indagué y me pillé con la sorpresa de que la empresa que mayormente involucrada es la que entrega la carne a las escuelas de difícil acceso", contó el docente.

sospechas

Comentó además que le parece sospecho que una vez abierto el sobre de carne, hay que consumirlo de manera inmediata. "Una vez que la abres no puedes dejar restos, tienes que consumirla o botarla", resaltó.

El docente dijo que informó a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y la Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire, entidad sostenedora, y lo que más le inquieta es que no ha existido alguna pronunciación al respecto del Ministerio de Educación, ya que siempre se ha distribuido este producto a los establecimientos educacionales.

"A nivel local nadie sabía nada, entonces yo tampoco sé qué hacer. Entonces, es preocupante saber que durante ocho años hemos estado consumiendo productos que a la luz de los hechos han sido adulterados", agregó.

Este año, la Escuela de Carihueico recibió la primera partida de alimentación en marzo, la que debería durar hasta junio, servicio que es prestado por la empresa Hendaya, que la distribuye a este plantel cuya calificación es de difícil acceso por parte del Mineduc.

Investigación

Desde la Autoridad Sanitaria de la provincia de Chiloé, entidad que la jornada anterior había descartado la presencia de carnes de las empresas cuestionadas en el Archipiélago, se indicó que esta situación debe ser denunciada de manera formal, porque hasta ayer no existía conocimiento del tema.

En todo caso, Cristián Araneda, jefe de este organismo, señaló que "tenemos que recibir una denuncia formal para empezar a investigar, porque puede que las carnes no corresponda a alguna partida de las que se cuestionan".

Por otra parte, una vez consultada este hecho puntual por La Estrella de Chiloé a Junaeb, ente que licita el servicio de alimentación a los establecimientos educacionales, se indicó que se revisaría la bodega central ubicada en Castro, para evaluar acciones a seguir.

La Escuela Rural de Carihueico es unidocente y actualmente trabaja con dos niños de primero a sexto básicos, quienes consumen a diario los menús preparados a base de estos productos envasados, junto a la manipuladora y el director-profesor.

"La gente que pueda verse afectada y que tenga catalogación de escuela de difícil acceso. Preocupa saber que hemos estado consumiendo carne que a la luz de los hechos ha estado siendo adulterada", puntualizó el profesor Altamirano.

"carne débil"

La Policía Federal de Brasil reveló durante la semana pasada los resultados de la operación "Carne Débil" y confirmó la adulteración y maquillaje de carne bovina y aviar por parte de varias empresas, entre ellas JBS y BRF. Se descubrió que más de 20 establecimientos les pagaban a los inspectores públicos, quienes emitían certificados sanitarios sin fiscalización efectiva. Los funcionarios fueron retirados de sus cargos.