Jonás Romero Sánchez - Medios Regionales

Altos funcionarios sin propiedades a su nombre, trabajadores de nivel medio con cinco autos de lujo y cónyuges de funcionarios que prestaban servicios al Estado, son algunas de las 114 irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en distintas jefaturas de finanzas.

Dentro de los casos calificados por el contralor Jorge Bermúdez como "sospechosos o que podrían ser constitutivos de delito", cinco fueron denunciados al Ministerio Público, organismo que iniciará una investigación por el eventual delito de negociación incompatible, a cargo del fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán.

Según indicó Bermúdez, las irregularidades fueron descubiertas contrastando las declaraciones de patrimonio de 320 funcionarios con los registros de servicios como Impuestos Internos (SII) o el Registro Civil.

"Hemos encontrado funcionarios que, pese a tener remuneraciones sobre los $4 millones, no tienen ningún patrimonio a su nombre ni el de sus familiares (....) o, el caso del cónyuge de un funcionario que tiene más de $2 mil millones en bienes inmuebles de avalúo fiscal, y eso nos parece raro", dijo el contralor en la conmemoración de los 90 años del organismo.

Mientras, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseveró que "este es un primer cruce de información que se produce a raíz de la actualización de declaraciones de patrimonios e intereses y, en consecuencia, uno podría prever que en un futuro aparezcan otras situaciones irregulares".

"a individualizar"

El ministro de Obras Públicas (MOP), Alberto Undurraga, emplazó a individualizar a los involucrados, "para que no se manche la reputación de todo un organismo".

El secretario de Estado indicó que entre los cinco casos que investigará la Fiscalía, está el de una de las jefas de finanzas del MOP, cuyo cónyuge vendía servicios a la cartera.

Undurraga, sin embargo, no se refirió a montos ni a la clase de servicios prestado.

Nueva facultad

Bermúdez explicó que estos hallazgos se realizaron gracias a una nueva facultad que permite a Contraloría contrastar los datos de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos con información proveniente del Registro Civil, conservadores de bienes raíces y el Servicio de Impuestos Internos (SII), algo que no se podía hacer antes de la entrada en vigencia de la Ley de Probidad.

"Estamos recién estrenando esta facultad, y esta se ejercerá de manera permanente", recalcó el contralor, quien recalcó que el viernes 31 de marzo vence el plazo para que todos los funcionarios públicos realicen su declaración respectiva.

"Nos parece raro que el cónyuge de un funcionario tenga más de $2 mil millones en bienes inmuebles en avalúo fiscal".

Jorge Bermúdez, contralor general de la República."

114 fueron los casos "sospechosos" o que podrían constituir hechos delictuales.

5 son los casos sobre los que la Fiscalía abrió una investigación, la cual será dirigida por el fiscal Raúl Guzmán.

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, criticó a su par de Bolivia, Reymi Ferreira, quien ayer anunció que visitaría a los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en la cárcel de Alto Hospicio, luego de ser formalizados la semana pasada por los delitos de robo con intimidación y contrabando.

"Lo normal es que cuando haya una visita de esta naturaleza, los ministros se comuniquen y le informen a qué vienen", dijo Gómez, quien agregó que "en ese caso es la Cancillería la que determina si se le otorga o no visa, y este no ha sido el caso".

Mientras, en diálogo con el diario El Deber de Bolivia, Ferreira aseguró que "hemos solicitado visa, espero que nos den para poder visitar a los detenidos para coordinar los detalles de la estrategia de la defensa con el equipo jurídico".

Sobre el caso de los nueve bolivianos detenidos, entre los que hay dos militares y siete funcionarios de la aduana altiplánica, Gómez señaló que "vamos a seguir trabajando en la línea que hemos decidido, que es cumplir la ley, cuando hay acciones que no corresponden".