Luego de un requerimiento de la diputada Marisol Turres (UDI), la Contraloría Regional de la República iniciará una investigación financiera a la Corporación de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud.

En enero la congresista ofició al ente fiscalizador, solicitando una auditoría a la entidad chilota, para indagar si el giro de cheques sin fondo, denunciado por profesores jubilados, funcionarios, empresas de transporte y el propio alcalde de la comuna "puede ser constitutivo de delito y, en ese caso, que estos hechos sean investigados por el Ministerio Público", exigió la parlamentaria.

Turres agregó que es de "vital importancia que se investiguen los hechos denunciados ya que en esta semana se ha sabido por la prensa que la Corporación Municipal no le ha cancelado los sueldos a un grupo de profesores del Liceo Bicentenario de Ancud".

Agregó la congresista que, "según los antecedentes que se manejan de los casos denunciados hasta ahora, tienen relación a dudosos movimientos financieros vinculados a millonarias indemnizaciones por la desvinculación de personal de confianza de la anterior administración, lo cual habría producido un grave déficit económico en la corporación, como sería la existencia de deudas previsionales con trabajadores del área salud y educación, y deudas con prestadores de servicio del transporte escolar en esa comuna".

La abogada acotó que tras su requerimiento, "la Corporación de Ancud sigue sumando casos a los ya denunciados".

El exsubsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, declaró en la Fiscalía Regional de Los Lagos en calidad de imputado en la investigación por el vertimiento de miles de toneladas de salmones en descomposición frente a las costas de Chiloé y la eventual contaminación que esto produjera.

La causa de oficio la sigue la fiscal Pamela Salgado, quien señaló que "todavía estamos en la etapa de toma de declaraciones y esta es una investigación que ha sido bastante larga, compleja y ha tenido varias aristas también y el señor Súnico estaba dentro de la programación de personas a las cuales había que tomarles declaración".

Confirmó la abogada desde Puerto Montt que "él fue citado en calidad de imputado y vino en compañía de su abogada defensora", explicando que "el hecho que nos hayamos demorado cerca de 3 horas está dentro del promedio que se está demorando".

La exautoridad de la Presidenta Michelle Bachelet ingresó el martes, pasadas las 9 de la mañana al Ministerio Público de la capital regional y se fue después de las 14 horas, indicando que "durante el período que se adoptó la decisión de realizar el vertimiento de los salmones, me encontraba con un cometido funcionario en México, en una reunión de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), y que la facultad de realizar el vertimiento correspondió a la autoridad marítima (la Armada de Chile) y al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca)".

"Él fue citado en calidad de imputado y vino en compañía de su abogada defensora".

Pamela Salgado,, fiscal de la causa."

Eduardo Burgos Sepúlveda

El Tercer Tribunal Ambiental con sede en Valdivia, realizó ayer la audiencia de conciliación por la causa "Ilustre Municipalidad de Ancud con Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y otros", en el marco del vertido de salmones en descomposición el primer semestre del 2016 frente a las costas de Chiloé y el eventual daño ambiental que este pudo haber causado.

La terna integrada por los ministros Michael Hantke Domas (Presidente), Roberto Pastén Carrasco y Pablo Miranda Nigro, citaron a ambas partes, tal como establece la legislación para los procedimientos por daño ambiental.

"Se presentó una demanda por daño ambiental contra la Directemar y el Sernapesca, a propósito de un episodio de vertimiento de salmones fuera de las costas de la Isla de Chiloé", explicó el presidente del Jurado.

Agregó el magistrado que primeramente se llamó a las partes a conciliación, no llegando a acuerdo entre ellas, para posteriormente ambas presentar pruebas. "Las demandadas Directemar y Sernapesca presentaron 8 testigos y la municipalidad no presentó testigos, y las partes también presentaron documentos", detalló Hantke.

Terminada esa etapa se pasó a la de los alegatos finales, donde cada una de las partes "expuso por qué el tribunal les tiene que encontrar la razón", explicó el presidente del Tercer Tribunal Ambiental.

Todo ese proceso duró cerca de 5 horas, a lo que resta aún la revisión de lo expuesto, donde hay observaciones a algunos documentos y, una vez que el tribunal esté satisfecho con todos los antecedentes, citará a las partes a oír sentencia.

Respecto a las fechas para estas etapas, se precisó desde el tribunal que para la revisión de los antecedentes no existe un plazo establecido, sin embargo una vez resuelto, hay 30 días para que el organismo dicte sentencia.

"Entre medio el tribunal también puede dictar medidas para mejor resolver, inspecciones el lugar donde se denuncian los hechos, informes periciales, citar testigos y una serie de posibilidades en relación con las pruebas aparejadas en el tribunal", señaló Hantke.

8 testigos presentó la parte demandada, mientras que la municipalidad solo documentos.