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Congresistas por Chiloé declaran patrimonio por US$2 millones

Por ley dieron cuenta de sus bienes, ahorros y participación en sociedades. Cinco alcaldes también cumplieron con el trámite.
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Pedro Bárcena González

Algunos con mayor anticipación que otros y unos con más "ceros" en su cuenta patrimonial que el resto. Así cumplieron con la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés los parlamentarios por Chiloé.

Un total superior a los 2 millones de dólares declararon los cuatro legisladores, considerando sus propiedades inmuebles, bienes muebles (como automóviles), participación en sociedades y empresas, como también ahorros en distintos instrumentos de inversión.

En el caso de los senadores, Iván Moreira Barros (UDI), quien cumplió el 24 de marzo con este trámite legal, contabilizó 192 millones 511 mil 890 pesos en cuatro viviendas y tres vehículos. A esta cifra se suman los $472.633.525 en fondos mutuos y de inversión, que corresponden a la mayor cantidad en este ítem entre todos los congresistas con jurisdicción en el Archipiélago.

Por su parte, Rabindranath Quinteros Lara (PS) registró propiedad de dos inmuebles por un valor de 128 millones 766 mil 416 pesos, e igual cantidad de móviles por $22.509.998.

Asimismo, el odontólogo dio cuenta de $99.189.081 en depósitos a plazo y sociedades, como también más de 47 millones de pesos en propiedades (un inmueble y un vehículo) de su cónyuge.

Diputados

En tanto, por el lado de los diputados, quien en general declaró la mayor cantidad de propiedades fue Alejandro Santana Tirachini (RN). Ocho inmuebles por $264.297.006 y tres máquinas motorizadas por $36.950.000 son parte del patrimonio del ingeniero comercial, a lo que se agregan $5 millones por su parte dentro de una sociedad y otros $7.355.525 en cuotas de fondos mutuos y opciones de compra-venta de acciones.

Finalmente, Jenny Álvarez Vera (PS) recién este martes notificó la pertenencia de dos inmuebles por un avalúo fiscal de 62 millones 635 mil 43 pesos. Además, a esta cifra se agregan $16.340.000 correspondientes a un par de station wagons.

En fondos de inversión, la chonchina inscribió $14.367.691. Sin embargo, en un apartado que llamó la atención, sus pasivos (tarjetas bancarias y crédito hipotecario) alcanzan $135.969.725, llegando a casi el doble de sus bienes patrimoniales. Es más, este monto se acerca al total del dinero que suman los otros tres legisladores en este apartado.

Alcaldes

En tanto, en la plataforma Infoprobidad aparecen las declaraciones de apenas cinco de los 10 alcaldes de la provincia.

El jefe comunal de Ancud, Carlos Gómez (independiente), informó sobre la pertenencia de cuatro inmuebles y tres vehículos por un monto de 44 millones 963 mil 544 pesos. Mientras que su símil de Quemchi, Gustavo Lobos (ind. pro UDI), registró cuatro inmuebles -uno en copropiedad- e igual número de móviles, por un valor total de $89.967.177. A ello se suma una empresa con un avalúo de 950 mil pesos.

Por su parte, el alcalde de Dalcahue, Juan Hijerra (pro UDI), declaró un inmueble y un vehículo por $22.153.981, lo que se agrega a fondos mutuos por 15 millones 833 mil 703 pesos. A su vez, Luis Curumilla (DC), jefe alcaldicio de Curaco de Vélez, anotó dos viviendas en copropiedad y un vehículo, todo por un avalúo fiscal total de $11.324.264.

Finalmente, Pedro Montecinos (ind. pro UDI), quien es alcalde de Puqueldón, fue el que declaró un mayor patrimonio, incluso superior en materia de bienes inmuebles a los registrados por los parlamentarios.

El empresario lemuyano dio cuenta de 10 propiedades por un valor de 368 millones 364 mil 21 pesos. Eso sí, los pasivos se acercan a esa cifra, llegando a $347.795.003.

En los casos de Juan Eduardo Vera (UDI), Fernando Oyarzún (ind. pro RN), Marcos Vargas (DC) y Cristian Ojeda (DC), alcaldes de Castro, Chonchi, Queilen y Quellón, respectivamente, no aparecen en el portal. Mientras que Washington Ulloa (ind. pro RN), titular de Quinchao, se encuentra en el registro pero sin información declarada.

Jefes comunales refuerzan modelo de transparencia

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Con el objeto de debatir sobre probidad en las administraciones comunales, alcaldes de la provincia y la región participaron ayer de la tercera jornada del programa Modelo de Gestión en Transparencia Municipal.

"Esta instancia de colaboración y compromiso se da en medio de un ambiente donde prevalece lo que muchos han denominado como una crisis de confianza, en la que varias instituciones, como públicas y privadas, han sido sometidas a un severo juicio público por diversos actos de corrupción", afirmó Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, entidad que organizó el encuentro junto a la Subdere.

La fuente informó que el 75% de los habitantes de la zona consideran que los delitos que atentan contra la probidad no son finalmente castigados. Además, un 54% considera que la corrupción en las instituciones públicas está muy extendida.

Rabindranath Quinteros indicó ayer que el tiempo para elegir a los gobernadores regionales en 2017 prácticamente se ha agotado. Afirmó que el Ejecutivo "enviará las tres iniciativas que comprometía el programa de Gobierno y que sus normas fueran bastante más ambiciosas que las que finalmente hemos podido debatir".

Agregó que han existido "dilaciones obvias que muchos actores de este proceso han hecho para evitar su concreción".


Senador afirma que se agota el tiempo para elegir gobernadores